Entre las docenas de artículos dedicados al proceso soberanista catalán que he leído hostiles, en su gran mayoría me ha llamado la atención en especial uno de ellos. Lo firmaba Antonio Elorza, ilustre profesor de la Complutense, y se dedicaba a criticar la rendija que el Tribunal Constitucional ha dejado abierta al sugerir que se emprenda un proceso legal, cambiando las leyes y normas que sean precisas, para que los catalanes puedan decidir acerca de su futuro dentro o fuera de España. El catedrático de Ciencia Política acusaba de ingenuos a los magistrados sosteniendo que bajo el disfraz de una supuesta consulta se encuentra encubierto un referéndum de autodeterminación. Y remachaba su crítica con una pregunta retórica donde las haya: ¿Qué pasaría al día siguiente de que el 80 % de los catalanes votasen sí y sí en la consulta?

Es harto improbable una coincidencia en cualquier cifra entre los votantes de la primera y la segunda de las preguntas que ha montado, de forma tan enrevesada como confusa, el gobierno de la Generalitat. Como se recordará, se debe decidir primero acerca de si Cataluña debe ser un Estado y quienes digan que sí habrán de pronunciarse a continuación sobre si tal Estado habría de ser independiente. Dejando al margen los arcanos de lo que quiere decir eso de un Estado que no sea no independiente, la segunda pregunta sólo la contestarán quienes se hayan decantado en la primera por la fórmula soberanista. Cabe suponer que si un 80 % de los votantes prefiriesen un Estado propio, casi el 100% de ellos votaría a favor de que fuese independiente.

Eso no hace sino reforzar el argumento, aunque mucho me temo que en el sentido exactamente contrario al contenido en el artículo del profesor Elorza. No nos engañemos: si hubiese un 80 % de ciudadanos catalanes en favor de la independencia, lo único que se podría hacer es abrir cuanto antes esa puerta de salida. No hacerlo significaría mantener a la fuerza una situación imposible bajo las bien peregrinas razones de que hace más de tres décadas Cataluña aceptó formar parte del Estado de las autonomías. ¿Esque es ése un contrato matrimonial como los de antes de la ley del divorcio?

Cabe mantener muchísimas dudas acerca de si hay una cifra tan alta de catalanes dispuestos a correr aventuras soberanistas de muy dudoso resultado. Pero lo peor de todo es que quienes se muestran hostiles a la consulta crean, siquiera a título de recurso contra el proceso, que puede ser así. En este estado de las cosas al que hemos llegado por culpa de la cerrazón de tirios y troyanos se plantea una duda que hace un daño inmenso a las posibles soluciones para la salida del conflicto. Es ése, a mi entender, el mejor argumento a favor de que los catalanes se pronuncien cuanto antes. Salvo que lo que se quiera, a fuerza de imposiciones que rozan a veces el insulto, es lograr que ese 80 % se convierta en una realidad.