La sanidad pública española, universalmente reconocida como una de las mejores del mundo, vive sometida en los últimos años a un proceso de recortes que ha recrudecido las tensiones laborales y multiplicado los planes de privatización de servicios, cuya gestión se cede a empresas especializadas que asumen inversiones en infraestructura y personal que no pueden afrontar los gobiernos autonómicos. Los cambios introducidos en el sistema han reducido tanto el número de profesionales como el cupo de ciudadanos que tienen derecho a recibir atenciones médicas gratuitas, del que han desaparecido decenas de miles de inmigrantes. Los sindicatos reprochan demasiados despidos. Entre ellos la amortización de muchas plazas de enfermería. Es posible que entre las abultadas plantillas de antaño, asociadas a condiciones de trabajo que muchos trabajadores envidian a los funcionarios, y las estrecheces que se aprecian ahora pueda encontrarse un término medio que concilie todos los intereses que confluyen en la gestión sanitaria, especialmente el de los pacientes. En enfermería, la C. Valenciana está muy por debajo de los índices que registra la Unión Europea. Para equipararnos con la media, según el informe de 2013 de la OCDE, necesitaríamos 16.000 profesionales más. Europa presume de tener 808 enfermeras por cada 100.000 habitantes, España tiene 531 y aquí apenas tenemos 471. Pese a ser muy apreciadas fuera por su gran preparación profesional, hoy preferimos exportar ese talento antes que aprovecharlo.
