La palabra saqueo vuelve a aparecer en el escenario judicial valenciano en referencia a fondos públicos. No se podía esperar otra cosa después de tres investigaciones penales sobre la gestión de la empresa pública Vaersa, que termina en la misma sílaba que Emarsa, aquella firma que sumió la gestión de la mayor depuradora de España en un lodazal político y administrativo.
Cuando una administración, la que sea, crea una sociedad anónima con la excusa de agilizar plazos y trámites con la eficaz herramienta del derecho privado, constituye también un espacio opaco, ajeno al control legal de los fondos públicos, caldo de corrupción y saqueo, como se ha demostrado con demasiada y desgraciada frecuencia.
Las SA permiten contratar a dedo, evitar los concursos públicos y dar cuenta reglada a la oposición, creando un microclima en el que los beneficiarios callan porque el manto del dinero y el poder cae sobre todos. En la empresa de la depuradora de Pinedo, partidos y sindicatos de todo el espectro contrataron y colocaron. Todos, incluso los que hoy afilan sus mociones e interpelaciones, callaron y taparon hasta que el asunto explotó, y el asunto es la desaparición, hacia bolsillos privados, de más de 25 millones de euros.
En Vaersa, las investigaciones comenzaron hace años, como las sospechas, pero la baraja se ha roto cuando han salido a la luz los planes de regulación de empleo. Alguien ha debido romper el pacto y los perjudicados han tirado de la manta, que seguramente cubría a casi todos.
En ese marco, que la empresa estuviera elaborando estudios de impacto ambiental positivos y negativos de un mismo proyecto para que el Consell decidiera, en función de su opinión o sus intereses en el mismo, es una bagatela junto a la millonada que se ha ido por las grietas de la falta de controles públicos eficaces y la poca diligencia de quienes han gestionado la sociedad en estos años.
