La OCDE o patronal de los países ricos ha decretado que España es el socio con mayor desigualdad económica, y donde más han bajado los salarios. Para ahondar estas felices marcas, Montoro someterá a retención la indemnización que recibe un trabajador al ser despedido, amputada previamente por el Gobierno hasta límites irreconocibles. Con este dinero se sufragarán las rebajas impositivas a las clases pudientes y se pagará a los bancos con sucursales en paraísos fiscales. Los excedentes serán colocados en Suiza, antes de ser lavados con otra amnistía fiscal para delincuentes estampillada por el ministro de Hacienda.
El hachazo a los parados para proteger a las clases altas demuestra que el despido era un castigo insuficiente. Debe culminar en la aniquilación. Acabar con los parados, ya que no se puede con el paro. La insolencia de que un trabajador con décadas en una empresa cuente con una mínima protección no encaja en la política de Rajoy. Tampoco le afecta personalmente puesto que, según el tesorero del PP, parte de su sueldo se cobraba en negro y al margen de retenciones.
El vampirismo contra personas a quienes se afrenta en su dignidad y en su derecho constitucional al empleo no ha venido acompañado de un recorte en las prebendas ministeriales. Además, la indemnización a un despedido se va obligatoriamente al consumo urgente y favorece a pequeños comerciantes, otra anomalía a evitar por el protector de los grandes conglomerados. El Gobierno ha llevado el ensañamiento del «que se jodan» más allá del cálculo electoral de que un desempleado no mostrará una proclividad excesiva a votar al PP. Su política de robar a los pobres para indemnizar a los poderosos conduce a una ejemplar redistribución de la riqueza, en manos de quienes realmente saben disfrutarla.
