Este lunes el comentario es breve. Mejor no repetir las razones y argumentos que soportaban las dudas racionales sobre el futuro de los servicios públicos que gestiona la Generalitat Valenciana (GV). La realidad ya no es especulación.
A lo largo de la semana de San Juan se ha escenificado el fin de una era para la GV sin que nadie haya esbozado alternativas. La conclusión, por dura que suene en los oídos y sentimientos de muchos valencianos es que el Consell está abocado a pedir la intervención, aunque sea parcial, de la GV por parte del Gobierno central.
Hoy, todos, en Valencia y en Madrid, reconocen no saber de dónde puede salir el dinero que permita afrontar los servicios básicos. Es ridículo y suena a monserga discutir sobre recentralización, «no vamos a hacer mas sacrificios» o arrancarse con eslóganes más o menos nacionalistas (incluidos los españolistas). Importan poco estas discusiones.
La GV lleva años y años gastando más de lo que recibe. Si el reparto en su momento fue justo o no, en plena emergencia, es irrelevante en el corto plazo. El objetivo es llegar a fin de año y hoy día del paso del ecuador del 2014, sabemos a ciencia cierta que la GV no va a poder hacerlo. Demonizar a Beteta, a Montoro o a Rajoy puede ser un eslogan electoral eficaz, pero para la mitad del año que nos queda carece de toda eficacia. Los responsables de las épocas de Zaplana y Camps están en el libro de la ignominia, pero corto consuelo produce constatarlo hoy.
El pasado jueves, el Gobierno central y resto de comunidades autónomas (CC AA) dejaron al Consell frente al devastador balance de los años de gobierno popular en la GV. Todas las corrupciones y derroches permitidos en esta tierra quitan autoridad moral. Fabra y Moragues se equivocaron pensando que el Gobierno central iba a ser sensible a sus demandas y que acabaría arbitrando remedios mas o menos milagrosos. No ha sido así ni lo será. El jueves, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera quedó claro que no iban (posiblemente no podían) mandar un euro más a Valencia. Sólo lo comprometido por la propia GV en 2009. En todo caso, sólo préstamos del FLA y gracias, pero el montante de los intereses de la deuda acumulada por la GV ya es incompatible con su propio funcionamiento.
Antes de que el Consell deje de pagar ya definitivamente nóminas, o/y reducir actuaciones sanitarias y farmacéuticas (que mantendrán en otras CC AA) o/y proceda al cierre ciertas universidades, o/y siga sin atender a determinados colectivos desfavorecidos, etcétera, Fabra tiene la obligación, mucho más moral que política, de convocar elecciones en el caso de que sea incapaz de plantear por si mismo la intervención.
El próximo gobierno, sea del color que sea, va a tener que tomar decisiones muy duras, incluso iniciar caminos no pensados como el derecho a decidir o el Podemos. El lamento de Moragues «no podemos recortar mas» no ha hecho mella alguna. Quisiera pensar que en la oposición hay alguna alternativa pensada. No me consta. La GV está en estado de emergencia. Las soluciones pasan por cambios en casa y por la reforma constitucional en el Estado. Todo requiere solidaridades y compromisos. Se necesita autoridad moral para su planteamiento.
