Hace unos años, las cajas y bancos de este país se esmeraron en buscar nombres perifrásticos para dulcificar ciertos productos financieros de alto riesgo. De ese modo, se introdujeron términos como deuda subordinada o acciones preferentes para atraer a un consumidor inexperto, que en la mayoría de las ocasiones se dejaba llevar por esos aditamentos publicitarios. A partir de ahí, todos conocemos la situación de desesperanza a la que se ha llevado a miles de pequeños ahorradores, resuelta sólo gracias a los Juzgados de nuestro país.

En ese mismo juego de la estafa dialéctica se encuentra el pacto PP-PSOE para realizar un control limitado de los viajes que hacen con el dinero público. Es tanto así como decir que va a seguir existiendo barra libre en el uso arbitrario del presupuesto de las Cámaras, pero ahora, para tranquilizar a la ciudadanía, alguien se ha esmerado en buscar un término menos sangrante y nos quieren vender eso de «control limitado». La transparencia de la que tanto habla el bipartidismo se demuestra en estos momentos, y el enjuague en los despachos del socialista Antonio Hernando y del popular Alfonso Alonso resulta inadmisible.

La polémica surgió cuando conocimos los 32 vuelos que pagó el Senado al actual presidente de Extremadura, cuando era senador, a Canarias. Pero el tema ha adquirido tintes de escándalo cuando descubrimos que nunca ha existido control alguno sobre los viajes, añadiéndose al resto de privilegios de que disfrutan. Si la única respuesta es más opacidad, con una palabreja de control limitado, por la que en definitiva vuelve a quedar en manos del grupo parlamentario ese control, para que trimestralmente se publique sólo el importe global, sin desglose por cargo ni siquiera por grupo político, no cabe duda de que nos están tomando el pelo.

La transparencia tendría que ser una actitud y una forma de ejercer un cargo público, pero si al final los desmanes de nuestros políticos provocan que deba regularse la imposición de cierto decoro a la hora de hacer uso del dinero de todos los españoles, lo que no puede admitirse es que quieran delegar el control en quienes desconfiamos. Alguien debería haber pensado que las Cámaras cuentan con unos magníficos funcionarios independientes a los que podría haberse confiado ese trabajo, de forma exhaustiva y detallada, puesto que somos nosotros quienes pagamos la fiesta.