La universidad española no existe». «La universidad española legitima la casta». «La universidad española está completamente podrida». He escuchado estas tres frases a lo largo de esta semana. Y en los sitios más diversos. Una la dijo uno de los ponentes de la Escuela de Podemos en Madrid. Otra la pronunció un asistente a ese acto. La tercera es de Gregorio Morán y sirve de entradilla a un artículo que firma Víctor Alonso Rocafort en Eldiario.es donde exhorta a entrar en el debate «sobre la serie de reformas radicales» para superar los dos problemas de la institución, el «clientelismo» y «la perversión de lo público». Sorprendente también el inicio del artículo. El debate habría saltado a la luz con motivo del contrato de Íñigo Errejón con la Universidad de Málaga.

Empezaré por esto último. La polémica sobre Errejón sólo es sintomática de una cosa: de la pérdida de ecuanimidad y de criterio de buena parte de los medios de comunicación y de los políticos españoles. Escuchar a la señora Susana Díaz hablar de este asunto revuelve las tripas. En cualquier universidad del mundo, los decanos de Ciencia Política valorarían muy positivamente poder contar con un personaje público tan precoz y competente como Errejón y pactarían con él las obligaciones académicas compatibles con sus actividades políticas. Comprenderían que su experiencia política no es separable de su experiencia científica y estudiarían la manera en que pudiera servir a la universidad que lo contratara. En ningún país con sentido equilibrado de las cosas, el asunto Errejón hubiera originado una polémica y desde luego jamás se habría propuesto su caso como la premisa para invocar la necesidad de un debate sobre la universidad.

Sin embargo, es verdad que la universidad española necesita debatir su futuro con franqueza y solvencia. Que no lo haya hecho en los buenos tiempos fue una irresponsabilidad y una ocasión perdida, y ahora tendrá que hacerlo en un momento en que, profundamente alterados los sistemas de confianza, muy pocos esperan encontrar ecuanimidad y justicia en boca de alguien. Pero por el momento hay que decir que Alonso Rocafort proyecta una imagen antigua de los males de la universidad española. Su artículo describe una institución que tiene poco que ver con la actualidad. Lo diga Fernández Buey o san Fernández Buey, la universidad del presente no es un «mandarinato». Eso, como demostró el famoso libro de Fritz Rintgen, lo eran los grandes catedráticos alemanes de los años 20 y, a su modo, los españoles entre 1950 y 1990. Hoy, los profesores españoles son unos asalariados que han tenido que cambiar de hábitos sobre la marcha para adaptarse a unas condiciones de trabajo duras e inquietantes, mientras veían con asombro cómo muchos colegas, apenas unos años mayores que ellos, se jubilaban en condiciones envidiables y liberadoras.

Esa oferta de jubilación, promovida por los rectorados porque les permitía ahorrar dinero „sustituyendo funcionarios cualificados por profesores asociados mal pagados y por lo general con una dedicación abusiva„, ha generado el principal problema de la universidad española en la actualidad. No se trata del amiguismo ni de la pérdida de espíritu público. Es la existencia de plantillas descompensadas, precarias, sin continuidad generacional, mantenidas con la única finalidad de atender una docencia y mantener abierta la ventanilla de expedir títulos. En suma, el principal problema es la paulatina transformación de la universidad española en lo que, en América Latina, se conoce como «universidades de garaje». Eso lleva consigo la homogeneización de las instituciones públicas, que habían conseguido organizar las tareas de investigación como centrales de la universidad, con la proliferación de universidades privadas, cuyo profesorado por lo general no tiene carrera académica, controles de calidad, trayectoria estable ni investigación solvente. Si atendemos a que el Gobierno del PP ha elevado las tasas universitarias hasta hacerlas muy semejantes a los precios de las universidades privadas, y si valoramos las formas de evaluar en estas últimas, no podemos dejar de concluir que el mayor problema de la universidad española es la política gubernamental, que no cesa de definir unas reglas de juego que benefician al mercado universitario privado, y no a la ciencia ni a la sociedad española.

El artículo de Alonso Rocafort dice: «El origen del problema universitario está en este modo de contratación». ¿Hay que recordar los años que lleva la universidad española sin contratar prácticamente a nadie excepto a asociados? Habla de las relaciones de dependencia del doctorando con el director de tesis y de alentar éste «el tiempo de espera». Me permito preguntar si ha tenido doctorandos recientes. La tarea hoy es muy diferente y consiste en lograr que se acaben tesis doctorales a pesar de que no haya esperanza alguna para los doctores. Cualquier catedrático que sembrara ilusiones en sus doctorandos acerca de una plaza sería considerado un cretino. Hoy, aspirar al «mandarinato» sería la prueba decisiva de la perturbación mental. No es un clima para crear reverencias. Es más frecuente la solidaridad „desigual, cierto„ sostenida por sufrimientos compartidos.

El curso de la vida del candidato a profesor que describe Alonso fue el normal desde 1980 hasta los primeros 2000. Hoy no lo es. Los mejores estudiantes, con becas o sin ellas, se van al extranjero porque en igualdad de condiciones prefieren irse a centros estables, con investigación organizada y con precios muy asequibles o bajos, a quedarse aquí en facultades sin futuro, desestabilizadas por la tasa de reposición del 0 %, desarticuladas en sus equipos y en sus plantillas, burocratizadas en aumento, y con planes de estudios inestables, continuamente cambiantes e imprevisibles en sus consecuencias.

Todo lo demás es viejo. Las peleas de catedráticos fueron cosas de otros tiempos. Con cada vez más frecuencia se llega a la cátedra en vísperas de la jubilación. Poco tiempo para peleas. Citar en 2014 el estudio de José Buendía es una prueba de que no se está persiguiendo una realidad, sino una imagen antigua. Por cierto, que en 2003, cuando se hizo ese polémico estudio, en plena euforia de este país, ya se veía cómo la universidad venía gripada por una apuesta insensata de crecimiento acelerado, algo que sólo podría preparar un parón para la siguiente generación. En suma, la universidad ha padecido la misma experiencia que la sociedad. Creció de forma endogámica y acelerada, en una burbuja académica con super-especialización, que ahora ha pinchado y nos ha dejado empobrecidos, sobrecargados, humillados y sin horizonte. Los universitarios que han permanecido en el sistema, por lo general han respondido como lo ha hecho la misma sociedad: apretando los dientes, trabajando más, ganando menos y desafiando la falta de esperanza de un Gobierno que es nuestro principal enemigo.

Pero Alonso Rocafort tiene razón en lo esencial. Como en los demás sectores de la sociedad, nuestros Gobiernos no han hecho nada para mejorar las cosas. Si mañana descubriéramos petróleo debajo de cada baldosa, y el dinero nos inundara, no tendríamos ninguna institución mejor organizada y volveríamos a lo mismo. Desaprovechamos cuando había dinero para reformar sin crisis, y ahora desaprovechamos la crisis para reordenar en frío y prepararnos para el futuro. El mayor problema que tiene la universidad es, como la sociedad, de índole político, no de índole profesional. Hace una década, una clase dirigente universitaria condujo a la institución universitaria de forma mimética a como la clase política llevaba el país. Hoy, los rectores sobreviven asfixiados haciendo números, porque la agenda política es mantener la universidad pública en el umbral de la desaparición. El problema del futuro será hallar consensos internos y externos para mejorar las prácticas profesionales, reformar la política de plazas, generar plantillas mínimas solventes y equilibradas, incentivar grupos estables y relevantes de investigación, dar libertad para organizar títulos y estudios creativos y flexibles, formativos, y no directamente sometidos a un mercado de trabajo humillante. Y reducir la burocracia. La universidad es la institución que define el umbral de excelencia de un país y la clave de una política redistributiva. El reto del nuestro es, aquí como en otros órdenes, atender estos dos fines.