Los españoles „no confundir con asturianos, castellanos o andaluces„, es decir las personas que voluntariamente se adscriben, con emoción o indiferencia, a un Estado que predica e intenta construir, no sin dificultades, una identidad española, tienen felizmente para ellos, desde 1812, un nombre que los identifica: Nación española y un sujeto de soberanía que pretende serlo, pero que como veremos más adelante por el artículo 99 de la Constitución de 1978, no lo es: el pueblo español. Los españoles se perciben entre ellos como genuinos o asimilados. Estos últimos, de normal periféricos y estigmatizados por un pecado original (en el caso valenciano las autoridades lo celebran, podríamos decir que de manera subversiva, todos los 9 de Octubre), se ven obligados por ese pecado original a renovar de manera pública y sistemática su adscripción española, unos, mediante homenajes a la bandera, ofrendas a «nuevas glorias» y constantes manifestaciones de lealtad a España y, otros, envolviéndose en un cosmopolitismo universal, pero de expresión internacional española.

Ahora, los españoles, en su ímproba tarea de construir, restaurar y mantener su „siempre„ frágil edificio político, se nos presentan en dos facciones: los constitucionalistas y los regeneracionistas. Entre los primeros tenemos, como líderes, al señor Rajoy y a la pareja Sánchez / Díaz. Entre los segundos, a la mediática pareja formada por Pablo Iglesias y Mónica Oltra. Y en una mezcla de constitucionalismo y regeneracionismo a la desavenida pareja Albert Ribera y Rosa Díez. Todos ellos defienden la unidad del «pueblo español» como sujeto de soberanía. Todos ellos lo quieren «unido». Los unos con claros mensajes castizos, los otros con ambiguos mensajes cosmopolitas. Sorprende pero, que la aguerrida defensa de la suprema, indisoluble e indivisible «soberanía nacional del pueblo español», por parte de todos ellos, frente a la reivindicación de las «soberanías» de otros pueblos peninsulares, no mantenga la misma firmeza para defenderla por ser, esa ´soberanía nacional´, compartida y neutralizada, mediante el artículo 99 de la Constitución española de 1978, por una persona de la dinastía borbónica que restauró Franco y que no se presenta „cuestión fundamental en el tema que nos ocupa-„ a ninguna elección. El viril pueblo español está -y no es un eufemismo- cogido por sus atributos por el rey de España. Por un artículo, el 99, que nadie, ni «constitucionalistas» ni «regeneracionistas», parece importarles.

En síntesis este articulo nos dice que el rey español, una persona que no se expone para ser elegida democráticamente, que no se presenta a las elecciones, esta persona de manera unilateral y sin ningún mandato, propone un candidato a las Cortes para que sea elegido presidente del Gobierno. El artículo 99 prevé que el candidato del rey no coincida con el candidato de los parlamentarios, que se supone detentan la suprema «soberanía del pueblo español». A partir de este desencuentro entre el rey español y los parlamentarios españoles, el artículo 99 regula, en forma y tiempo, sucesivas votaciones „imaginemos las presiones para doblar la voluntad de los diputados„ para que el candidato, no olvidemos siempre el propuesto unilateralmente por el rey, sea elegido. Si finalmente los diputados no doblan y el candidato del rey no es elegido, el rey, una persona que no se presenta a las elecciones, disuelve el parlamento, la institución donde se supone reside la «soberanía nacional del pueblo español».

Los españoles son muy libres de dotarse de las Constituciones que deseen, pero llama la atención que los guardianes de la «soberanía nacional del pueblo español», tanto los «constitucionalistas» como los «regeneracionistas», se mantengan autistas ante esta trágala que entra en contradicción con el artículo 1 de su Constitución que dice: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». Artículo sagrado para los españoles cuando les conviene, pero que no lo es cuando tienen que enfrentarse a los poderes fácticos que instauraron esta segunda restauración monárquica. De esta manera se entiende que si los políticos españoles, sean «constitucionalistas» o «regeneracionistas», no alzan la voz para defender la «soberanía» de su propio «pueblo español» permitiendo que se comparta con una persona que no se presenta a las elecciones , no es de extrañar, digo, que persigan y quieran impedir que, representantes políticos de otros «pueblos peninsulare», sean consecuentes y leales al mandato popular por el que fueron elegidos y quieran ejercer con plenitud su soberanía.