La Comunitat Valenciana se debate entre la amenaza del entramado que advierte ruina y el empecinamiento en mantener el escenario que transmite una minoría dubitativa y vacilante, aderezada por las luchas internas, más bien encarnizadas. Nos vemos ante una estructura de poder caduca. Impedir que se extienda un nuevo proyecto político de consenso, es la pretensión de quienes han utilizado las mayorías electorales como un activo patrimonial imperecedero. Se estremecen frente a tripartitos y ententes. No se acuerdan de alianzas y pactos de legislatura a tres o cuatro bandas, como ocurrió en el Pacto del Majestic (1996) entre Jordi Pujol y José María Aznar con la anuencia de Felipe González, firmado en Barcelona con Rodrigo Rato de maestro de ceremonia y de donde viene la mayor parte de nuestros males y corruptelas. En la vida pública se precisa la acción de la oposición tanto como la labor gubernamental participativa y tolerante, desde la seguridad de que todo cuanto comienza, acaba sucumbiendo. Los políticos y cualquier cargo público han de asumir que su situación tiene fecha de caducidad.
La autonomía es un requisito de la democracia. La frase es de Ernest Lluch. Catedrático que estuvo en Valencia y dejó huella. Un hombre inteligente de paz y diálogo. Seguidor activo del Partit Socialista de Cataluña, fundador in pectore del PSPV, después asesinado, el 21 de noviembre de 2000, por un comando terrorista en el escenario confuso de la España más tenebrosa de la Transición. La década de los 60 fue de crecimiento espectacular y sostenido.Dio pie al desembarco de un grupo de historiadores, de la escuela de Vicens Vives, que llegaron a la Universitat de València plenos de madurez académica y personal. Ernest Lluch, Emili Giralt, Jordi Nadal , o Josep Fontana aportaron su solidez intelectual a un país en estado gaseoso donde proliferaban las contribuciones autóctonas de Vicent Soler, Josep Lluís Blasco, Alfons Cucó, Sebastiá García Martínez, Joan Fuster, Josep Picó, Vicent Llombart, Salvador Almenar y tantos otros que contribuyeron a clarificar e interpretar la esencia económica del territorio valenciano mientras auguraba un futuro de esperanza. Aun así no es tarea fácil analizar el futuro, inmersos en el fragor del pasado, desde la visión sesgada de un presente, cuya realidad sobrepasa la ficción. Proliferan los encuentros y los foros, sazonados con entrevistas a dirigentes empresariales desnortados. Sabemos que el fracaso reiterado del proceso industrializador se debe, primordialmente, a la ineficiencia de las estructuras financieras doméstica y por tanto equivalente a dejar inerme un proceso autonómico atenazado entre sus limitaciones y las amenazas de quienes quieren dinamitar las autonomías, las llamadas a la tolerancia y la consolidación de un país plural. A menudo se confunden los umbrales de lo políticamente correcto con la hipocresía de transgredir la majestad de los principios. Así nos va.
Está de moda atrincherarse detrás de las imputaciones y comparecencias ante los tribunales para declarar sobre actos bochornosos. Comprar un barco de lujo con sobreprecio, para no se sabe qué, o pagar miles de entradas a una competición deportiva en aras a la efervescencia electoral con el dinero de los contribuyentes, son cuestiones medulares que no se pueden despachar con inconveniencias y desplantes. Endeudar innecesariamente las instituciones o los organismos públicos es administración desleal con los ciudadanos. Quienes rezuman indicios de sospecha por su participación en acciones delictivas de cohecho y malversación, han de dejar sus cargos públicos de forma inmediata como medida cautelar, para evitar que sus actos provoquen mayor escándalo en la sociedad. Hay conductas impropias que motivan descrédito entre los ciudadanos sobre todo por la desfachatez y la descalificación ética de quienes son servidores indignos de la función pública. Quien desempeña un cargo político no es un empresario, por mucho que lo jaleen y lo consientan sus colaboradores necesarios. Hay que escoger entre lo público y lo privado. No es preciso estar sentenciado por un juez para abandonar el cargo que se ocupa. ¿No está suficientemente probado que Carlos Fabra, expresidente de la Diputaciónde Castelló„donde fue secretario general permanente de la Cámara Comercio„ es una vergüenza para todos los políticos sin excepción y para quienes se sienten vinculados funcionalmente a las Cámaras de Comercio?
La Via Valenciana no es sólo un oportuno ensayo de Ernest Lluch. Es también prueba argumentada de que en la década de los sesenta se trazó un camino no escrito sobre la viabilidad del proyecto cívico valenciano. Somos ciudadanos del mundo porque lo fueron nuestros antecesores, sin perder de vista el reto pendiente de la singularidad valenciana. El momento actual, de crisis generalizada, nos depara la oportunidad de replantear la sociedad desde sus raíces, para que las nuevas generaciones puedan creer en su país como vivero de iniciativas. La vía valenciana es posible y necesaria, para situarnos en primera fila del acontecer mundial. Sin complejos, sin subyugaciones y sin renuncias.
