Opinión

Miguel de la Guardia

Funcionarios

En el año que acabó, frente al triunfalismo inapropiado de nuestras autoridades, de nuevo los funcionarios protagonizaron algunos de los sucesos más esperanzadores. Un bombero se negó a romper la cadena que cerraba la puerta para desalojar a una anciana, un juez o una jueza se atrevieron a desafiar a los poderosos, los intocables del Gobierno o de los sindicatos, inspectores y subinspectores de hacienda pusieron en negro sobre blanco que existen fondos pero que no se quieren aflorar por falta de interés real o de medios. En esas noticias y en las actuaciones de sus protagonistas, que no en los comentarios despectivos de los miembros del Gobierno, se llama a estos funcionarios por el nombre del cuerpo al que pertenecen y se olvida que todos, médicos, ATS, profesores, bomberos, policías, inspectores de trabajo, de consumo o de los tributos, jueces y fiscales son el brazo ejecutor del estado de bienestar y la justificación del pago de nuestros impuestos.

Por todo lo anterior se impone, hoy más que nunca, la existencia de una función pública profesional e independiente, alejada de las connivencias con el poder y con criterios de funcionamiento que la pongan al amparo de las arbitrariedades de los políticos de cualquier signo.

Lamentablemente, en estos años de experiencia democrática no han faltado ejemplos de amiguismo y de corrupción a nivel funcionarial, de arbitrariedad en la selección del personal y en su promoción. Lo peor es que las malas prácticas en la función pública no han venido solo de los grandes partidos nacionales y regionales, al amparo de cuyas mayorías absolutas se llevaron a cabo verdaderas aberraciones en la dotación de personal en los organismos y empresas públicas. También tenemos una experiencia lamentable en el funcionamiento de pequeños partidos, incluso autodenominados de izquierda, que no dudaron en plantear apoyos o pactos post electorales a izquierda y derecha en función del número de funcionarios que se les pudieran adjudicar. Estas prácticas perversas, que no el trabajo de los funcionarios honestos, son las que generan la desconfianza de los ciudadanos y si queremos recuperar el prestigio de nuestro trabajo será necesario extremar el sentido crítico y defender la independencia frente al poder político.

Este año, que comenzamos con esperanza, deberá ser el de la recuperación del estado de bienestar y la potenciación de los servicios públicos frente a la metódica tarea de privatización y asedio de los gobiernos del PP. Confiemos en que con el ascenso electoral de las fuerzas ciudadanas de progreso en ayuntamientos y gobiernos autónomos se abra un nuevo horizonte en el que los funcionarios estaremos siempre al lado de los ciudadanos y frente a cualquier intento de instrumentalización de nuestra actividad, venga de donde venga.

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