¿Éxito indiscutible del Estado autonómico?

Preguntar no es ofender. En el imaginario español se asume que el pensamiento de derechas es centralista, aunque sean partidos de este cariz los que gobiernan la mayor parte de comunidades autónomas (CC AA), mientras todo espíritu progresista debe pasar por asumir, sin más, un fuerte papel de las administraciones autonómicas. Seguramente, todo consecuencia de la uniformidad que Franco nos impuso. Muchos aceptamos en nuestra adolescencia democrática dar a «Estatut d´Autonomía» el mismo valor reivindicativo del que sin duda tienen principios tan básicos e irrenunciables como «Llibertat i amnistia». Hoy, cuando tenemos razonablemente encauzados la subsistencia de la lengua y la cultura valenciana, no parece razonable asociar a su mantenimiento toda una estructura política, hoy cargada de deudas, situada entre los ayuntamientos y el Estado, manteniendo de paso unas innecesarias diputaciones.

El interrogante del título quizás limite con lo políticamente correcto es un debate pendiente de ser mantenido con rigor. Cualquier respuesta a la cuestión está llena de dudas semánticas. Si es negativa, la forma de superar este no éxito, existe un abanico de reacciones que va del independentismo, a la vuelta a un Estado más centralizado, pasando por el federalismo. Una respuesta afirmativa con matices supone dar por buena la situación actual y proponer rectificaciones razonables poco profundas.

Tanto las distintas reacciones políticas frente a la crisis, más o menos al modo griego, como lo planteado desde Cataluña incrementan las sutilezas que encierra la pregunta. En clave doméstica, todo lo generado por el PP en el entorno de la Generalitat Valenciana acaba pesando muy críticamente sobre nuestro particular balance autonómico, con independencia de los sentimientos de cada uno. En cualquier caso, no es riguroso ponerse de perfil sobre la viabilidad financiera del Estado autonómico del actual Reino de España.

Las palabras no son neutrales y su semántica es desgraciadamente engañosa. Un buen ejemplo es el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) donde el impulso de lo catalán parece haber primado sobre lo socialista. Con todas sus ambigüedades formales, la expresión «derecho a decidir» se ha impuesto a la de «gobierno socialdemócrata», mostrando que no siendo categorías comparables, tampoco son independientes. Una vez más, los sentimientos y el ambiente que rodea a las personas friccionan con sus ideologías políticas. El tiempo de las críticas al PSC ha pasado, sólo queda respeto a las decisiones democráticas, aunque el episodio ha mostrado que la socialdemocracia suele tener dificultades para moverse en la definición territorial.

Esta semana, Valencia alberga la conferencia autonómica del PSOE, cuyo borrador inicial parte de una respuesta a nuestra pregunta sobre el éxito indiscutible del Estado autonómico para a continuación, en un ejercicio del sí pero no, plantear sustituir el actual sistema por el federalismo. Se habla de llevar a la Constitución los principios de «suficiencia, corresponsabilidad, igualdad de derechos y solidaridad interterritorial en el sistema de financiación autonómica». Todo como si los recursos fueran suficientes. Pidiendo por el sufrido papel constitucional dotar a las CC AA con dinero suficiente para hacer frente a sus actuales competencias. Todo como si la cantidad necesaria fuera un simple acto de la voluntad. En realidad se propone ir más allá del café para todos sin ningún tipo de autocrítica colectiva y sin asegurar la viabilidad de un Estado del Bienestar basado en CC AA.

Llama la atención que el PSOE se proponga añadir a la Constitución los «hechos diferenciales» (parece copiado de las ideas del PP valenciano, empeñado en llevar a materia de ley elementos como los bous al carrer y otras discutibles señas de identidad) que bien la práctica política de estos años, bien los propios estatutos de autonomía, han venido estableciendo (¿treinta años de Estatut imponen carácter?). El objetivo de que la Carta Magna recoja «las facultades derivadas de este reconocimiento» no es banal y nada se dice de cómo encajar las privilegiadas autonomías de régimen fiscal específico (Euskadi y Navarra).

Realmente no discute el Estado autonómico y se va directamente a pedir la clarificación de competencias entre el Estado y las CC AA (en favor de éstas) para reducir la conflictividad o a una reforma del Senado (no su desaparición) para que se transforme en una auténtica Cámara de representación territorial para «mejorar la defensa de los intereses de las autonomías», de cuya pervivencia no se duda.

En cuanto a soluciones, las propuestas del PSOE sólo hablan de aumentar ingresos recuperando el gravamen efectivo sobre sucesiones y donaciones, limitando la competencia fiscal a la baja y estableciendo un mínimo homogéneo, cuando estas medidas son simple calderilla frente a las necesidades actuales. Queda muy electoral proclamar el rechazo a «cualquier retraso o paralización en el establecimiento de un nuevo modelo de financiación autonómica» al objeto de conseguir desde el 2015 unos recursos suficientes y en cuantía superior a los actuales que permitan atender los servicios públicos fundamentales que prestan las CC AA. Nada se dice sobre dónde conseguir tales recursos, ni siquiera de cómo afrontar la situación de las CC AA de régimen foral.

El PSOE insiste en las mismas medidas que el popular Alberto Fabra ha reclamado con escaso éxito pese a que el Gobierno de Rajoy es de su mismo signo político. Para distinguirse, el PSOE exigiría que este nuevo modelo se acompañe de «la creación de un Fondo de Garantía del Estado del Bienestar, que pueda servir de reserva en sus dotaciones con el objeto de garantizar las prestaciones básicas en períodos de insuficiente crecimiento económico o crisis». ¿Hay recursos para ello?. ¿Qué aportaría cada autonomía a este nuevo fondo? No se estudia factibilidad financiera alguna.

Posiblemente, el PSOE pone el carro delante de los bueyes cuando pone como punto de salida de las dificultades económicas del Estado, nada menos que a las propias CC AA para el «cambio de modelo económico» que requiere España. No confundamos los deseos con la realidad, y tanto el PSOE como el PP no son rigurosos cuando le dan a las CC AA actuales un papel en el devenir económico del que carecen y carecerán en el marco de la Europa actual. Es legítimo intentar ganar elecciones, pero también es obligado decir la verdad sobre temas esenciales como las reales posibilidades del Estatut.

No se puede medir solamente la eficacia de una organización política por la corrupción que puede generar. Sin embargo, un debate como éste no puede hacerse ignorando que ha sido en el Estado de las autonomías donde hemos vivido las decisiones del trío Zaplana-Olivas- Camps en Valencia, las inmoralidades del entorno Pujol en Barcelona, los EREs de la Junta de Andalucía, la trama Púnica de Madrid, etc. No nos fustiguemos excesivamente, pero hagamos autocrítica

El Estado de las autonomías no ha sido lo que esperábamos, no podemos volver al todo Madrid, pero muchas transferencias deben ser revisadas, incluyendo las de sanidad y toda la parafernalia administrativa existente. Obsérvese la cautela y ambigüedad de Podemos (y de otros partidos nacidos tras la transición) frente a la actual organización territorial. Aquellos partidos que se prestan a ir a las elecciones sin plantearse la viabilidad de las CC AA en momentos de grave crisis de las finanzas públicas pueden equivocarse seriamente.

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