La victoria de la coalición de izquierda radical Syriza en Grecia supone un doble reto: en primer lugar, para el nuevo primer ministro, Alexis Tsipras, a la hora de responder a las expectativas de los que le han votado para poner fin a la «austeridad humillante». En segundo, para las autoridades europeas y para Angela Merkel, que ven cuestionadas (por primera vez) las políticas de control presupuestario desde un país miembro de la eurozona.
A la vista de los primeros días, la reacción de los inversores ante el programa que impulsa Tsipras (aumento del salario mínimo, devolución de pagas suprimidas a pensionistas, readmisión de funcionarios, paralización de procesos de privatización) no ha sido positiva (con caídas de los bancos en Bolsa y crecimiento del interés a pagar por los títulos griegos), ya que suponen elevar el gasto público€ sin que esté claro de dónde se va obtener el dinero. El nuevo ministro de Finanzas, doctor en Essex y bloguero, Yanis Varoufakis, pretende financiar el ambicioso programa con la emisión de deuda pública a corto plazo, comprada por los bancos helenos.
Ocurre que estos se sostienen por la liquidez suministrada por el BCE€ que se mantendrá si el gobierno de Tsipras mantiene sus compromisos de pago y no amenaza con reestructuraciones de la deuda. Y es que Bruselas-Berlín-Fráncfort también deberán afinar: se sabe que Grecia no podrá devolver la totalidad de lo debido y la mayoría de analistas confían en un apaño (con alargamiento de vencimientos y menos intereses) para evitar accidentes (como una salida de Grecia del euro), poco beneficiosos para las partes.
En todo caso, la partida acaba de comenzar y el desenlace podría llegar en verano, cuando Grecia debe devolver 7.000 millones a sus acreedores europeos. Lo que ocurra, seguro que también influirá en el futuro electoral de Rajoy-Samaras e Iglesias-Tsipras.
