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Sin ideas, sin programa

Se imaginan el Congreso de los Diputados debatiendo una ley por la que se declarase la tortilla de patatas, el flamenco, los sanfermines y la tomatina señas de identidad españolas? No, verdad. Sería un espectáculo que se encontraría entre el absurdo y el esperpento. Ni siquiera a ese nacionalista español que es el ministro de Educación y Cultura José Ignacio Wert se le ocurriría un disparate semejante (y no es que Wert no sea ocurrente. Hace años explicaba las sucesivas derrotas de la selección española de fútbol con el peregrino argumento de que los jugadores vascos y catalanes no sentían los colores de España. O no igual que el resto. Tiempo después, una selección plagada de jugadores del Barça, la mayoría de ellos catalanes, ganaba la Eurocopa y el Mundial de fútbol). Pues bien, a lo que no se atrevería el ministro más temerario del gobierno de Mariano Rajoy, se atreven los populares valencianos sin importarles el grado de ridículo que puedan alcanzar, las contradicciones en que puedan incurrir o la indigencia intelectual que revelan cuando no les queda otra que echar mano del anticatalanismo para amarrar un puñado de votos.

Si la Ley de Reconocimiento, Protección y Promoción de las Señas de Identidad Valenciana y "el caloret" de Rita Barberá es todo lo que puede ofrecer el PP de aquí a las elecciones municipales y autonómicas, a la Comunidad Valenciana le va a ocurrir como a aquel paciente al que el médico no le garantizaba la cura, pero sí que el tiempo que le quedaba se le iba a hacer largo de narices. Y mucho de eso nos va a ocurrir a la mayoría de los ciudadanos. La espera hasta la cita con las urnas el próximo mes de mayo se nos va a hacer eterna. Seguir conviviendo con la barbarie cultural y el analfabetismo es cada vez más insufrible.

Los populares, con su política, no solo alientan y llevan como estandarte la burricie, es que además no se aclaran. O sí. Su feroz anticatalanismo solo es la capa con que pretenden tapar un antivalencianismo rampante, casposo y reduccionista. La falta de respeto hacia el valenciano del que hizo gala la alcaldesa de Valencia durante la Crida no es más que un síntoma más del trastorno de una organización política en la que hay pedir perdón por hablar en valenciano, tuvo que hacerlo la consellera María José Català, para su descrédito. De los cuatro presidentes de la Generalitat elegidos bajo las siglas del PP, solo uno de ellos hablaba valenciano. Los otros tres ni siquiera se han molestado en aprenderlo. Y hablar valenciano no debe ser un requisito para acceder a la más alta responsabilidad política en esta tierra; pero si debería serles exigible que muestren algo de respeto a un idioma que es cooficial en este país. Las torpes excusas de Barberá para justificar su lamentable intervención fallera -«quería utilizar un valenciano más cercano y me lié»- no resultan verosímiles. A la alcaldesa de la ciudad que se pretende Cap i casal del Reino, el valenciano le resulta tan cercano como el inglés, el chino mandarín o el suajili.

Pero, por si todo ello no fuera suficiente, su presunto valencianismo es reduccionista. El portavoz parlamentario del grupo popular en las Cortes Valencianas durante su intervención en favor de la Ley de las Señas de Identidad homenajeó a «quienes han construido la verdadera alma del pueblo valenciano». Y citó a Joanot Martorell, Sant Vicent Ferrer, Vicente Blasco Ibáñez junto a ese peligroso intelectual que fue Vicente González Lizondo.

Las élites conservadoras de Valencia son incapaces de ver más allá de las cruces de término de su ciudad. ¿No hay intelectuales o artistas en Alicante y en Castelló dignos de ser elevados a la categoría de referentes de toda la Comunidad Valenciana? El valencianismo del PP es tan chiquito, tan ridículo que, si las próximas elecciones no lo impiden, dentro de nada cabrá en el balcón del Ayuntamiento de Valencia y aún sobrará espacio.

El PP ha aprobado una ley de señas de identidad ridícula, esperpéntica, chata, contradictoria -se defienden los «bous al carrer» y al mismo tiempo se autoriza la destrucción de L´Horta de Valencia-, excluyente -solo sus valencianos tienen cabida- y fuera de la realidad. Los principales problemas de nuestra sociedad son el paro y la corrupción, pero eso a los responsables del Gobierno valenciano al parecer les da igual. Esa ley, la que se aprobó el pasado viernes en las Cortes, es la evidencia más clara del agotamiento político de un partido sin ideas y sin programa que lleva 20 años en el poder y que si alguna seña de identidad evidente nos ha colocado a los valencianos no ha sido otra que la de la corrupción. Para vergüenza de todos.

Empresarios y política

Al término de la conferencia que dio el pasado lunes Ximo Puig en el Forum Europa Tribuna Mediterránea, algunos empresarios volvieron a insistir en la conveniencia de un gran pacto PP-PSOE para, como diría Mariano Rajoy, «evitar las ventoleras» y evitar que todo lo conseguido se venga abajo si se hace caso de los «remedios mágicos». Puig, que es de los pocos que ya ha empezado avanzar algunas de las medidas que piensa poner en práctica si es presidente de la Generalitat, se encontró al finalizar su discurso con que parte de las élites empresariales que habían asistido al acto no entendieron su deseo de no confundir los «grandes acuerdos políticos para superar problemas estratégicos, con aquellos otros que se concretan en simples coaliciones gubernamentales para ejercer el poder, obligados por la ausencia de mayorías absolutas» y aún abogaban por el gran pacto. Resulta extraño porque no hay clase dirigente más dividida que la empresarial, donde cada cual defiende su reino de taifas y se resiste al diálogo. Los empresarios de la Comunitat Valenciana harían bien en reflexionar sobre unas palabras que pronunció el líder del PSPV en ese acto: Dialogar para solventar los problemas desde la cooperación.

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