Hace tiempo que llegamos al 8 de marzo con la sensación de que no avanzamos en este lento y difícil recorrido hacia la igualdad de género. Y cuando se revelaba imprescindible apretar el acelerador e implementar con valentía políticas decididas para quebrar definitivamente el modelo patriarcal, resulta que asistimos a un retroceso considerable en los derechos de las mujeres.

La realidad ya no es que caminamos demasiado despacio sino que quienes nos gobiernan han cambiado el sentido de la marcha y nos están haciendo volver atrás a toda velocidad. Podemos quedarnos con la idea de que son la crisis y los recortes los que han agudizado la desigualdad de género, pero en realidad la causa subyace y es muy poderosa. Quienes nos gobiernan no se creen la igualdad, cumplen los mínimos trámites a regañadientes para mostrar una cara políticamente correcta, unos mínimos que les sostengan la máscara, pero en el fondo hay una resistencia activa a una sociedad sin distinciones de género.

Es imprescindible detener este tren y mandar a quienes lo conducen a su casa. Tenemos por delante el reto de incorporar de manera efectiva a las mujeres en esta democracia que no acaba de serlo en la medida en que aún nos relega a un papel secundario. Éste ha de ser el último 8 de marzo sin avances significativos en materia de igualdad. Es una oportunidad histórica que tenemos delante y no podemos desaprovechar porque el coste para las mujeres es inasumible.

La violencia de género, que este año ya se ha llevado a cuatro mujeres en la Comunidad Valenciana, ha de abordarse como una emergencia, una máxima prioridad en las políticas de estado y autonómicas, con medios suficientes y permitiendo la implicación de profesionales y agentes sociales que son quienes están dando respuesta en el día a día a esta lacra, pese al freno que suponen los recortes de quienes hoy gobiernan la Generalitat. La aplicación de la perspectiva de género de manera transversal en el sistema educativo, incluyendo las nuevas masculinidades, y en los presupuestos públicos, es una garantía de que vamos a construir un futuro más justo sobre pilares sólidos. Y entre las medidas de urgencia y las de largo recorrido, es imprescindible intervenir con valentía, en colaboración con los agentes sociales, para conseguir un sistema de atención a la dependencia justo con las mujeres, eliminar la etiqueta femenina a la precariedad laboral y el desempleo, la diferencia salarial de un 17%, reducir al mínimo la segregación horizontal y vertical en el ámbito profesional y educativo, el sesgo de género en la participación política, una maternidad y paternidad en igualdad de condiciones y desde la corresponsabilidad social y, en definitiva, una lupa violeta en todas las políticas públicas.

El cambio es ahora y es con nosotras.