Que en una década hayamos recogido 800 cadáveres de mujeres caídas en nombre de un machismo ruin y posesivo disfrazado de mito romántico -el consabido la maté porque era mía- debería no ya llevarnos a una profunda reflexión sobre hacia dónde vamos o queremos ir, que también, sino provocarnos una vergüenza colectiva tan profunda que no deje resquicio a más actitudes partidistas. Hay asuntos que sí son de Estado; como cualquier forma de terrorismo, y la violencia machista es una de ellas. Y nadie debería jugar con ellos. Decía el domingo en las páginas de este periódico el eurodiputado de Compromís Jordi Sebastià que pese a los avances legislativos en la materia, las estadísticas revelan un claro y alarmante retroceso en igualdad y un agravamiento cualitativo de la violencia machista que tienen su origen en el exceso de confianza de los últimos años. Tiene razón. La negación de la realidad es un riesgo que sólo servirá para incrementar la aberrante lista de las mujeres maltratadas. Y actitudes como la demostrada por Serafín Castellano -poco importa que se haya refugiado en las directrices del Ministerio de Asuntos Sociales; al hacerlas suyas, ha elegido bando-, negando la evidencia en el número de asesinatos con subterfugios de baratillo no sólo no reduce el número real de muertes, sino que induce a pensar que hay quien sigue sin tomarse esto en serio. Y mientras, la Comunitat Valenciana sigue encabezando ese macabro listado. En serio, ¿no se van a preguntar por qué?
