A caballo entre el llamado poder valenciano en la transición democrática y el club informal Tirant lo Blanch, la fundación Conexus inició sus pasos aupada por el Consell de Francisco Camps en abril de 2010. Obedece a la aspiración permanente de que la Comunitat Valenciana pinte algo en Madrid. Se distingue de sus antecesores por su carácter semiinstitucional, que la ha lastrado. El objetivo primordial habría de ser la financiación autonómica, equilibrada y justa, de acuerdo con los criterios equitativos en la redistribución de los fondos estatales para atender los servicios básicos transferidos a la Generalitat: educación, sanidad y atención social. La cantidad que se baraja oscila entre los 25.000 millones (Enric Morera), 36.000 millones (Alejandro Mañes) y los 40.000 millones de euros (Gregorio Martín), importe de la deuda histórica del Estado con los valencianos. Con el abono de cualquiera de estas cantidades, el déficit de la Comunitat Valenciana quedaría superado y se podría afrontar el porvenir con ilusión y confianza. Este horizonte es el que dificultan los responsables solidarios del Gobierno español, Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro y Antonio Beteta.

La fundación Conexus, entusiasmada con el fortalecimiento del eje Madrid-Valencia, no ha conseguido mover logros como el Parque Central de Valencia, ni el túnel de acceso ferroviario del AVE a la Estación del Norte, ni el desarrollo completo de la estación proyectada, ni el pregonado corredor ferroviario por el litoral mediterráneo para mercancías, ni el desdoblamiento de la carretera N332, ni la conexión por tren de alta velocidad desde Alicante a Castelló, ni el acceso a la red europea por Francia, cuya reivindicación documentada y financiada por los empresarios valencianos, data de 1989, previa a cualquier trazado de AVE entre los ya consolidados y ninguno de los cuales alcanzará nunca el umbral de rentabilidad.

La fundación Conexus trata de fomentar la cooperación de las comunidades autónomas valenciana y madrileña. Un error de enfoque. El afán vindicativo no es con Madrid, sino con lo que significa Madrid, en función de su quintaesencia como capital y representación del Estado. La Comunidad de Madrid, que tiene dudosa justificación más allá de lo que habría de ser un distrito federal, se ciñe a defender sus intereses y privilegios. No tiene ninguna competencia ni obligación con las restantes 16 comunidades autónomas. Va a la suya, no hará ninguna concesión y se vincula con quien le conviene. No hay que esperar nada de ella porque nada le obliga. El Estado, al que todos pertenecemos, sí tiene el compromiso de procurar el bienestar y la gobernabilidad de los territorios que lo componen y de sus contribuyentes.

Buscar la complementariedad entre la Comunitat Valenciana y Madrid no basta, aunque se quiera hacer con transparencia, calidad e independencia. Cuando se organizan actos con Isabel Bonig, Antonio Beteta, Ana Pastor, García Margallo, Borja Sarasola, Alberto Fabra, Luis de Guindos, Rafael Catalá o Esperanza Aguirre, todos ellos cargos del Partido Popular, con la excepción de Ximo Puig y la directiva del PSPV, todo indica la decantación excesiva y nada equilibrada por el bipartidismo. Predominan los temas y los interlocutores que concentran el interés en una fundación de talante conservador, sesgada hacia los resortes fácticos de poder.

Presidida en sus inicios por el financiero Javier Serratosa, éste cedió los atributos rectores al letrado Manuel Broseta en mayo de 2013, y pasó a compartir la vicepresidencia con el exnotario Carlos Pascual de Miguel, quien figura como patrono individual, no empresarial, de la misma manera que el asesor Rafael Aznar, presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, dependiente del Ministerio de Fomento. Entre los miembros colectivos, la Red de Institutos Tecnológicos (Redit) tiene predominio público, que no concuerda con la naturaleza de organización empresarial privada, independiente y plural de Conexus.

Otro episodio de confusión entre lo público y lo privado como en la Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València o en Feria Valencia, en las que con idénticos argumentos a sensu contrario, el Consell Jurídic Consultiu ha resuelto por unanimidad que la primera (Adeit) es más bien pública y la segunda „con dos votos particulares en contra„la institución ferial, es privada para contratar. El siguiente enigma a resolver es por qué el lobby Conexus se concentra en Madrid y se olvida del tándem Barcelona-Cataluña (polo estatal de contrapoder territorial), donde se sitúan los mejores proveedores y los mayores clientes de las empresas valencianas. Destaca la postergación de los lazos culturales y universitarios básicos en el ámbito de la creatividad y el conocimiento. También constituyen una excelente fuente de negocio.