El 25 de mayo los valencianos sabremos quiénes pueden tener la posibilidad de ocupar la Presidencia de la Generalidad Valencianas (GV); la deuda será de 40. 000 millones. Demasiado duro para el nuevo que llegue, en especial si el Gobierno central cae en la tentación de abandonar a una GV quizás menos amiga. A pesar del período preelectoral, Pensat i escrit pretende, en esta serie de ocho entregas (hasta el último lunes anterior a las urnas) insistir en que debido a lo agonico de las cuentas, más que utilizarlas como argumento electoral hay que hacer un debate prudente, que permita superar las imprevisiones que en un futuro inmediato podemos vivir. Hablamos de las condiciones y riesgos con los que la GV va a tener que administrar los recursos de todos a partir del lunes 25 de mayo.
Para los partidos valencianos, terminar 2015 va a ser un plato de poco gusto, pues al estado financiero se van a añadir otras decisiones de gran complejidad técnica. Pero ello no impide recordarles que deberían trabajar con la hipótesis de que en muy pocas semanas tras la votación van a empezar las discusiones sobre el nuevo sistema de financiación autonómica. Dejando este tema para el capítulo del día de san Vicente, recordemos que el lunes pasado empezamos describiendo la actual dependencia de la GV las decisiones que el Gobierno central ha venido tomando. Hoy vamos a meditar sobre las posibilidades de una intervención de la GV, hurgando en las razones por las que esta previsible decisión no se ha dado hasta el momento, a pesar de las ocasiones y de los datos que ha tenido el Estado para hacerlo. Este tipo de reflexiones suelen ser muy complicadas, especialmente si se hacen anteponiendo las valoraciones morales o partidistas, a la pura y fría descripción de una situación poco agradable. Tratemos de evitar los juicios morales y describir los hechos de la forma más distante posible.
El Gobierno del Reino de España tuvo que reformar el artículo 135 de la Constitución española que tomó forma de letra en septiembre de 2011; después vinieron unas elecciones y una nueva administración. A los pocos meses era de cajón una revisión en profundidad de la legislación española sobre estabilidad presupuestaria, que tomó la forma de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Loepsf) en abril del 2012. Seguramente los españolitos de a pie, ya muy preocupados con una crisis que todavía siguen viviendo, no estaban para discutir las cuatro cosas básicas sobre las que se estaba legislando y que ahora llamamos recortes: a) un techo al gasto público que no podía aumentar mas que el PIB; b) un límite a la deuda pública global (Estado, autonomías, ayuntamientos, etc.) que no podía superar el 60 % del PIB (qué optimistas fuimos, ya que tres años ya estamos en el 100 % del PIB); c) llegar a un déficit estructural del 0 % en 2020 (cosa harto difícil ante el dato del 5,7 % del 2014); y d) transparencia, supervisión y control de las haciendas de autonomías y ayuntamientos, incluyendo sanciones y penalizaciones severas que teóricamente llegan a la intervención por la que nos preguntamos.
Desgraciadamente, el BOE no lo puede todo, pero algunas cosas se convirtieron en leyes. Europa pedía decisiones negro sobre blanco para ayudar a resolver el fiasco de nuestras cajas de ahorros. Había que actuar de forma rápida y contundente para frenar la especulación sobre deuda pública española. La presión de la UE, con Alemania al frente, y del Banco Central Europeo son claves para entender tanto la reforma constitucional, como el contenido de la Loepsf, con todo su posterior desarrollo normativo.
En los meses siguientes descubrimos que la GV estaba mucho peor financiada desde la última reforma de 2009 de lo que los más pesimistas anunciaban. Pero también supimos que aquí había sorpresas desagradables en forma de facturas en los cajones y de operaciones descontroladas. Desde mediados del 2014, al Gobierno central se le acumulaban las razones para aplicar las penalizaciones que la Loepfs indica camino de la intervención. Sin embargo, no se ha producido hasta ahora. ¿Por qué?
Sin quitar mérito alguno al voluntarioso conseller Moragues (¿conocía al llegar todo lo que se encontró?) recurramos a un análisis reciente del catedrático gallego Santiago Lago, quien hablando de los ajustes necesarios para poder hablar de estabilidad financiera en España, exponía el dilema en que se encuentra el Gobierno. Bien usar al máximo las amplias posibilidades que le concede la Loepsf para conseguir el control del déficit interviniendo incluso alguna autonomía, bien buscar fórmulas alternativas que podrían ser dos, una primera inmediata (si la UE la acepta) consistente en revisar los objetivos de deuda y déficit y la segunda de efectos más lentos, activar un nuevo sistema de financiación autonómico, si hubiera acuerdo para ello.
Parece que la razón por la que el Gobierno ha decidido evitar la línea más expeditiva de la Loepsf para la GV, consiste en que no es la única a la cual debería mostrar tarjeta roja. Si se hiciera con nosotros, de igual manera debería hacerse con la Generalitat catalana, y en este caso el Gobierno se encuentra con un problema de naturaleza muy distinta a la del incumplimiento financiero. Con independencia de cualquier argumento de carácter identitario, muchos coinciden en que, quizás, la deriva del problema catalán no habría sido la misma si se hubiera conseguido un funcionamiento análogo al de las comunidades forales.
Por otro lado no hay evidencias de que exista margen para el ahorro y para una gestión presupuestaria más rígida circunscrita a una autonomía que estuvo mal gestionada en los últimos años, pero que en los más recientes ha recortado, con RTVV cerrada como paradigma de cambio. El elevado número de autonomías incumplidoras y los fuertes recortes de gasto autonómico ya aplicados desde los máximos alcanzados en 2009 dificultan al Estado poder actuar de forma más drástica. Dicho lo anterior, no podemos ignorar que el catálogo de las medidas preventivas, correctivas y coercitivas previstas en la Loepsf es muy amplio y están quedando en evidencia las limitaciones desde un punto de vista de economía política.
En este país, conocido por legislar mucho y no aplicar lo decidido, ha quedado claro que una cosa es plasmar en la norma la posibilidad de suspender la autonomía y otra tomar la decisión. Como dice el profesor Lago, «quizá sería necesario reflexionar también sobre el Capítulo IV de la Loepsf para suprimir lo no aplicable y, a cambio, generar expectativas creíbles de que lo que permanezca será aplicable de forma efectivamente automática». Es una clave para intentar arropar a la Comunitat Valenciana.
Continuará.
