na Garrido, testigo protegida (es un decir) de la Fiscalía en el caso Gürtel como denunciante de la trama en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, confiesa a Levante-EMV que dar a conocer los supuestos chanchullos le ha costado el trabajo y casi la salud, ha tenido que abandonar su plaza de funcionaria y dedicarse a vender artesanía por los mercadillos. Aún así, esta mujer valiente anima a los funcionarios y a los ciudadanos en general a denunciar la corrupción de la que tengan conocimiento, y añade que a pesar del alto coste personal, volvería a actuar de la misma manera.
El testimonio de Ana pone de manifiesto cómo el papel institucional del funcionario se ha visto seriamente afectado por las malas prácticas de gestión y administración públicas. Habiéndose creado su figura para que el poder del Estado tuviera empleados a sueldo, independientes de los caciques locales, muchos de ellos hoy no se atreven a llevar la contraria, aunque tengan razón, a quienes tienen por encima, sea con responsabilidades directas (políticos) o delegadas (asesores). Y sólo algunos, muy pocos, se atreven a señalar las irregularidades desde el anonimato, por temor a unas represalias de las que tendrían que estar exentos por la propia naturaleza de su cargo, siempre que lo ejerzan con el celo y la dignidad que se espera de la confianza que la sociedad ha depositado en ellos. La funcionaria de Boadilla ha tirado la toalla porque la Administración, esa para la que trabajaba, litiga ahora contra ella con dinero y medios de todos, y es un poderoso enemigo para una mujer que ha quedado con una mano delante y otra detrás después de su valiente denuncia. Con un funcionariado diligente e insobornable, la ciudadanía tiene bien garantizada la administración limpia y eficaz de sus asuntos e intereses.
Con medradores como los que Ana Garrido y otros como ella desenmascaran cada día solo puede anidar la trampa y la corrupción.
