En muchas ocasiones se acusa a los medios de comunicación de haberse convertido en un auténtico cuarto poder del Estado, y desde un punto de vista objetivo, creo que por suerte esta afirmación coloquial es completamente cierta. Gracias a la investigación periodística, se ha conseguido destapar auténticas tramas de corrupción, cuando otros estamentos habían sido incapaces de hacerlo. Pero además, el hecho de que aparezcan informaciones sobre asuntos que están en fase de investigación o bajo secreto de sumario, ha servido para generar un clima de crispación social que los ha activado.

El ministro de Justicia se ha metido en un auténtico jardín, con su reflexión sobre la idoneidad de penalizar a los medios de comunicación por determinadas publicaciones. Aunque posteriormente se haya querido matizar, con una pretendida Directiva europea sobre la que se está trabajando, todos hemos entendido de estábamos ante una fiscalización totalmente rechazable e inconstitucional. Cuando nuestra Carta Magna habla en su artículo 20 del derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, está situando a los medios de comunicación en una posición privilegiada y garante de ese principio. Además, el propio precepto se conforma en exigencia para que esa información sea diligente y esté contrastada, todo ello sin necesidad de mayores injerencias del Gobierno. A partir de ahí, cuando este derecho pueda entrar en confrontación con otro intereses, como sería el supuesto planteado por Rafael Catalá, serán los tribunales quienes deban ponderar ambos bienes en conflicto, siempre teniendo presente que la jurisprudencia del Constitucional ha destacado el carácter prevalente o preferente de la libertad de información, por su capacidad para formar una opinión pública libre, afirmando incluso que los cargos públicos tendrán que soportar un grado mayor de crítica o de afectación a su intimidad.

En un país donde los casos de corrupción abren todos los días las cabeceras informativas, no cabe duda de que los ciudadanos tenemos el derecho, pero incluso la obligación, de estar debidamente informados, aunque sea con elementos que puedan estar bajo secreto del sumario. No es cuestión de amordazar o criminalizar al mensajero, lo grave es lo que cuentan y de quiénes se cuenta. En breve acudiremos a las urnas y tenemos el deber de estar informados.