La organización territorial es necesaria para satisfacer las necesidades de una sociedad y para resolver problemas y conflictos relacionados con el uso del territorio. Dicha organización no es inmóvil, pues está sujeta a transformaciones con nuevas necesidades y pretensiones. La Constitución de 1978 consolidó la estructura organizativa pasada (las diputaciones datan de 1833) y superpuso una nueva estructura mediante los gobiernos autónomos. Nos encontramos así con una organización territorial con tres niveles de administración: los municipios, las provincias y las comunidades autónomas. La organización administrativa actual es propia de un Estado descentralizado, pero con manifiestas disfunciones.

Abogamos por una Administración capaz de garantizar el acceso universal a los servicios públicos, transparente y responsable, que considere tanto los costes y los resultados económicos y sociales, y que se apoye en la participación ciudadana y en el sentido común. Que sea el resultado de considerar el escenario actual como consecuencia de un proceso histórico que ha dado lugar a tres provincias y 542 municipios. Se requiere un análisis riguroso y sosegado, dosis de diálogo y la consideración de los sentimientos de pertenencia que la sociedad tiene respecto a sus territorios de referencia: el municipio, la comarca y la provincia. Y existen.