21 de mayo de 2015
21.05.2015

Una política económica para la CV

21.05.2015 | 04:15

Es evidente que los instrumentos de política económica principales los tienen en España el Gobierno y Administración centrales y las instituciones de la Unión Europea (como en los demás Estados miembros de la Unión). Muy en particular, desde la reforma del artículo 135 de la Constitución que ha incrementado los poderes del Gobierno central sobre las finanzas públicas de comunidades autónomas y entes locales, y tras las reformas que han tenido lugar en la Unión Europea, como consecuencia de la gran crisis económico-financiera, que han incrementado la coordinación por la Unión de las políticas económicas de los Estados miembros, con una reducción significativa de las competencias de estos últimos.

Pero la circunstancia de que la política económica y monetaria de la Unión Europea sea cada vez más federal no quiere decir que las comunidades autónomas no dispongan de instrumentos jurídicos y de política económica que permitan incrementar el bienestar de sus ciudadanos. No hay más que echar un vistazo a las distintas regiones europeas para observar diferencias extraordinarias que existen entre las mismas en lo económico y lo social, como resultado, entre otros factores, de haber implementado políticas económicas diferentes que van desde las más acertadas a las más equivocadas. En España, las diferencias económicas entre regiones son muy notables y en Europa también.

Las regiones europeas, en nuestro caso las comunidades autónomas, tienen que mantener un pulso constante con sus gobiernos centrales y con la Comisión Europea, con la finalidad de no sufrir discriminación en sus políticas inversoras „las derivadas directamente de los presupuestos generales del Estado y de las políticas económicas de las instituciones europeas„ y a través del Comité de las Regiones deben ejercer presiones directas sobre la Unión Europea. Pero, además, lejos de todo victimismo deben ejercer sus muchas competencias con la vista puesta en las regiones europeas que lideran el bienestar de sus ciudadanos.

La principal riqueza de las regiones (y de las naciones) está en su capital humano, en su excelencia, y para crear, fomentar y conservar esa riqueza es necesario disponer de centros docentes y de investigación adecuados, lo que exige una inversión considerable y sostenida. Esta responsabilidad la comparten el Gobierno central y las comunidades autónomas que tienen competencias en materia de educación a todos los niveles, así como competencias de investigación.

La Comunitat Valenciana es una de las regiones europeas que tienen mayores competencias y medios en la materia educativa y de investigación. Tiene cinco universidades públicas entre las que se encuentra una de las más antiguas del mundo, la Literaria de Valencia, con un capital docente e investigador muy relevante que le permitirían aspirar a ocupar una posición destacada en Europa. Es mucho el trabajo que debe realizarse entre la Generalitat, las universidades y la sociedad para situar a nuestra comunidad entre las más avanzadas de Europa, pero no es un objetivo irrealizable. Nada impide, respetando la autonomía universitaria, mejorar la calidad de nuestras universidades que no aparecen entre las más prestigiosas en los distintos rankings de las universidades del mundo, o para que la inversión en investigación e innovación se concrete en patentes que alcancen la media europea.

Para lograr que las universidades sean mucho más que fábricas de títulos inadaptados a las necesidades de nuestra sociedad, deben hacer una revisión del ejercicio de su autonomía, en particular de sus políticas expansivas de títulos que conducen a los estudiantes al desempleo. Y la formación profesional debe fomentarse, pues la calidad de una sociedad depende de tener excelentes profesionales, y no es irrelevante tener en cuenta que una de las deficiencias estructurales más graves de nuestro capital humano es que los estudiantes de enseñanzas profesionales sean la mitad del número de los estudiantes universitarios, a la inversa de lo que sucede en los países más desarrollados de Europa, donde los estudiantes de enseñanzas profesionales duplican a los estudiantes universitarios. Esta situación anómala puede corregirla la Generalitat, mediante contratos programa y, desde luego, junto con el Gobierno central, poniendo fin al crecimiento superfluo de títulos universitarios que conducen a los universitarios a ninguna parte.

La investigación es una competencia que comparte la Generalitat con el Gobierno central, una competencia a la que no se puede renunciar si se pretende dar un salto cualitativo en nuestra economía. Pero de los hechos se deduce que la Generalitat no ha comprendido la importancia de la investigación para el futuro de nuestra comunidad. El cierre de centros de investigación no es el camino. Es necesario seguir invirtiendo en investigación básica y en investigación aplicada dirigida de modo especial a los sectores productivos valencianos y a los sectores tecnológicos emergentes.

La atracción de inversores extranjeros es fundamental para el despegue de nuestra economía. Y aunque el buen hacer del Gobierno central es necesario para la atracción del capital foráneo, las competencias autonómicas no son escasas. De cada una de las comunidades autónomas dependen, en buena medida, la seguridad jurídica y las facilidades para abrir empresas. Para este propósito, no deben repetirse leyes como la urbanística valenciana que permitía que los promotores urbanísticos despojaran a ciudadanos europeos de sus viviendas, o la legislación cambiante en materia de energías renovables, asuntos que nos desacreditan profundamente ante los potenciales inversores extranjeros, por la inseguridad jurídica que representan.

De otro lado, no existe obstáculo alguno para que la Comunitat Valenciana, desde sus competencias en comercio interior, pueda liderar un cambio normativo que reduzca la burocracia hasta el punto de permitir que las empresas puedan abrirse en 24 horas, como sucede en los Estados y regiones más dinámicas del mundo. Nada impide que se impulse desde la Generalitat un sector financiero valenciano capaz de afrontar las necesidades de financiación de la economía valenciana, en competencia con los gigantes financieros españoles. Por el contrario, especialmente ahora que ha sido destruido nuestro sistema financiero, se hace necesario planificar e impulsar la creación de un nuevo sector financiero.

Y, como no, es necesario apoyar a los pocos sectores industriales que han sobrevivido a la crisis. Hay que reindustrializar la Comunitat en los sectores tecnológicos, sin olvidar el apoyo y modernización que necesita el sector agropecuario.
Son muchas las tareas que deben abordarse para que la Comunitat Valenciana deje de ser un territorio casi deprimido, cuya renta per cápita está por debajo de la renta per cápita nacional. Hay que recuperar el tiempo perdido en los últimos 20 años en que todo se fió al ladrillo y a acontecimientos lúdico-festivos que no han traído beneficios sostenidos y que, por el contrario, se han convertido en nichos de corrupción que nos han conducido a la decadencia.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook