Hace menos de una semana, la ministra de Fomento, Ana Pastor, firmaba con el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón, del PP como ella, un convenio de colaboración para mejorar la línea férrea Zaragoza-Teruel-Sagunt a fin de «potenciar el tráfico de mercancías y mejorar las conexiones por ferrocarril de Aragón con Valencia y el resto de la Península Ibérica y Europa».
Tampoco se estiraban mucho los abajo firmantes: 4,8 millones de euros para instalaciones de sistemas tren-tierra y estudio de apartaderos con capacidad para trenes de 750 metros, todo ello para un trazado que necesita una inversión millonaria si realmente se quiere articular un eje ferroviario de transporte de mercandías entre el Cantábrico y el Mediterráneo.
Cuando la tinta del acuerdo aún no está del todo seca, la empresa pública Adif, que administra las infraestructuras ferroviarias, se queja de que los trenes que General Motors carga en Zaragoza para exportar sus coches Opel por el puerto de Valencia entorpecen la circulación de los convoyes de pasajeros de la línea. Es lo que viene a ser una auténtica apuesta por el sector industrial exportador que sostiene una parte importantísima de la economía y del empleo españoles.
La fábrica automovilística había empezado hace unas semanas a enviar coches por la línea férrea Zaragoza-Sagunt, asumiendo incluso algunas intervenciones de pequeño calado al paso de los convoyes por estaciones poco atendidas por el escaso número de usuarios. Ahora tiene que suspender el envío de sus productos por esa red y se ve obligada a dar un rodeo de 300 kilómetros más, por Tarragona hasta Valencia. Si un día decide dejar de utilizar el puerto de la capital del Turia y seguir hacia el Norte, a Barcelona, para cargar sus vehículos nadie podrá reprochárselo. Será un tanto más en el haber de quienes se pasan el día afirmando que apoyan el corredor mediterráneo o la vía a Aragón pero no hacen lo suficiente para que arranquen.
