Que se vayan destapando entramados de posible malversación de fondos y contratos fraudulentos como el que supone la trama que acecha sobre las empresas públicas de la Diputación de Valencia es de un calado mucho mayor con respecto al sistema de lo que al parecer resulta evidente. Además resulta mucho más llamativo e interesante que todo el escándalo saltase en el momento ante unos comicios autonómicos y locales ya que son aquellos que afectan directamente a la dirección y gestión de estas entidades públicas o semipúblicas. Imelsa, Egevasa, Girsa, Vaersa y un largo listado de empresas subcontratadas representan de algún modo parte orgánica de la arquitectura del sistema institucional establecido que, a través de estas entidades procuran dar solución a servicios que se prestan en muchos municipios, bien sea para gestionar el ciclo integral del agua, la atención de los bosques o la recogida de residuos.

El sistema se dota de instrumentos válidos para la prestación de sus obligaciones. Hasta aquí, todo correcto. Dichos instrumentos han estado gestionados y dirigidos por el sistema y sus representantes y en muchas ocasiones se ha puesto el grito en el cielo por el uso partidista y ajeno al interés público que se les ha dado. Convertidos demasiadas veces en refugio para operadores y fontaneros de partido, estas empresas han contado con empleados que lejos de las funciones propias que rezan en sus contratos, han pasado a ser herramientas y útiles de la élite de los partidos. Con Imelsa el calado ha sido mayúsculo, y sobre los contratos del agua y obras vinculadas, UTE mediante, parece que también se apunta a la trama de comisiones ilegales según va desvelando la prensa.

Posibles delitos al margen, es evidente que las estructuras de partido han encontrado en estas empresas un aparato de retroalimentación para liberar cuadros estratégicos y para dar salidas «dignas» a otros cuadros cuando el poder institucional se pierde. Estas prácticas no se podrá tipificar como delito, pero cuando se plantean Gobiernos de Cambio, es evidente que se trata de una de las prácticas que por ética e higiene democrática deben cambiar. Las elecciones de mayo dieron un vuelco que, más allá del cambio de orientación política de los nuevos gobiernos, han significado un retroceso nada desdeñable para el PP, pero también para el socialista. Espacios que se pierden y cuadros que quedan en el limbo. Promesas internas que penden como la espada de Damocles con presupuestos menguados para los aparatos de los partidos; decenas de asesores que caen, alcaldes y concejales que pierden espacio de gobierno (y sus sueldos) y así y así, un sin fin de piezas imprescindibles para la fortaleza de la maquinaria de los partidos que sin la energía de cuadros entregados a full time a la actividad política gracias a su «liberación» a través de estas entidades, pueden caer en la descomposición acelerada como organizaciones ante fuerzas emergentes. Es un problema al que se enfrenta por primera vez un sistema que deja de asentarse en hegemonías bicefálicas basada en el control de dos partidos sobre la actividad política (con la muleta sindical en diversas ocasiones).

El problema lo veían venir desde hace tiempo, a la vista de los sondeos que manejaban y las maquinarias se engrasaron y programaron para el «crack» del 24 de mayo. Ahora bien, frenar en seco la tendencia a utilizar estas entidades públicas y semipúblicas como trinchera de la fontanería de partido debería ser uno de los retos más acuciantes y beneficiosos para la ciudadanía de aquellos que predican y se han puesto en serio en la labor de poner en marcha una nueva forma de hacer política, President incluído.

A la vista del naufragio, no es de extrañar que se pudiese haber programado entonces un gran desembarco de estos cuadros al refugio de estas empresas después del 24M.

Una opción inmoral pero eficaz para garantizar el latido del aparato del partido a la espera de tiempos mejores y de otra contienda electoral. Una opción que podría haber dado extraños acuerdos de contratos multimillonarios y de obscena duración en multitud de municipios para la prestación de diversos servicios. Ese desembarco debe ser abortado precisamente en estos tiempos en los que la reubicación de piezas y peones se está dando.

Dichos contratos deben ser revisados minuciosamente por los Gobiernos del Cambio donde se hayan producido y, si es preciso, revocados en busca de soluciones decentes para los ciudadanos y sus bolsillos. Las relaciones de determinados partidos con dichas empresas deberían sufrir un cambio en forma de mecanismos de control y transparencia. A modo de micro-puerta giratoria, podrían estar esperando pacientes su migaja del pastel en estas entidades un sinfín de perdedores en forma de nómina en los despachos, en los montes y en las alcantarillas para cumplir funciones muy distintas a las que recen en sus contratos. Esta forma de hacer «política» debe ser desterrada y enterrada para siempre. Acabar con estas prácticas también forma parte del cambio, no se olviden.