El Ministro de Hacienda está consiguiendo algo que parecía impensable en la Comunitat Valenciana hace unos años, y no es otra cosa que poner de acuerdo a los distintos agentes sociales, haciendo todos piña en su crítica contra la gestión del Gobierno central y la infrafinanciación que estamos padeciendo. La última ocurrencia de Montoro ha sido exigir al nuevo Consell recortes para cubrir 1300 millones de ingresos ficticios que el Ejecutivo de Alberto Fabra había incluido en los presupuestos. El salto es cualitativo en su discurso, puesto que no sólo quiere mantener una financiación injusta para los valencianos, sino que a eso se empieza a unir un cierto frentismo entre Madrid y Valencia, causado por el reciente cambio político.

En toda esta situación, el informe presentado por las grandes organizaciones empresariales es especialmente demoledor, puesto que habla de un déficit de inversión en infraestructuras en los últimos años de unos 7000 millones de euros, con una inversión por habitante que apenas supone el 75 % de la media nacional y en licitaciones públicas per cápita no llega al 45 %. Si a esos datos le añadimos que individualmente recibimos 259 euros anuales menos que el resto de los españoles, una brecha de infrafinanciación que creció en 2013 un 30 %, no cabe duda de que el resumen más acertado de la situación, quizás un tanto escatológico, lo ofreció Federico Félix al indicar que «no pintamos una mierda».

Lamentablemente, estamos percibiendo un determinado interés en dar la sensación de que Valencia es para España lo que Grecia para la UE. Sólo se habla de nosotros como ejemplo de corrupción, despilfarro, destino turístico sin mayor potencial y meninfotismo. Se trata de un mensaje que se ha alimentado en los últimos 15 años, indistintamente del color de quien gobernara. A partir de esa realidad, corresponde al nuevo Consell conformar una estrategia para revertirlo y ésta debe plantearse en un doble sentido, siendo capaces de organizar una respuesta institucional y social unitaria „donde se aglutinen partidos políticos, sindicatos, patronal y ciudadanía„ y por otro lado, estudiando la posibilidad de articular una respuesta en los tribunales, en la que se denuncie el trato discriminatorio de las cuentas públicas del Estado, donde se conculcan derechos constitucionales como la solidaridad territorial o el principio de igualdad. El éxito de las mismas no está tanto en su resultado inmediato, sino en la posibilidad de que ese mensaje vaya calando y nuestra legítima reivindicación se oiga en España.