La actitud de «esperar y ver» de Mariano Rajoy es engañosa. El presidente del Gobierno está lejos de ser el político pasmado que algunos describen. Lo suyo es en parte una adaptación a las circunstancias y en parte una estrategia de resistencia al cambio. Esa es su postura ante ciertos problemas. No ante otros, ya que ha sido diligente al aplicar recetas contra la crisis que implicaban una drástica devaluación interna, con subida de impuestos, reforma laboral, reducción de prestaciones y recorte de servicios, medidas todas que han causado estragos en las clases medias.
Rajoy se cayó del caballo en julio de 2012, como Rodríguez Zapatero lo hizo en mayo de 2010, para incumplir su programa y emprender ajustes de decenas de miles de millones. Aunque ha repetido que no le gustan, se le ha visto cómodo, y convencido, con esas políticas de ortodoxia fiscal dictadas desde Alemania que priman la estabilidad y confunden las reformas con el desmontaje de lo público.
Y allí donde el desmontaje o los recortes son poco o nada recomendables, como en la política autonómica, ha optado por quedarse quieto. En ciertos temas de calado, „cuestiones de Estado, para entendernos„, más que avanzar, a Rajoy le gustaría retroceder. De ahí su inmovilismo frente a la explosiva dinámica secesionista en Cataluña, de la que él mismo prendió la mecha cuando el PP combatió (con una lamentable recogida de firmas y maniobras infames sobre el Tribunal Constitucional) la reforma del Estatut que impulsó Pasqual Maragall, hasta convertirla en esa «vía muerta» que ahora esgrime Artur Mas como coartada para la independencia.
Con la financiación autonómica ocurre algo parecido. La reforma del modelo, ya caducado, es otro de esos problemas que Rajoy se ha negado a afrontar y que tiene intención de legar al próximo Gobierno. No tan explosivo como el desafío independentista, es un conflicto de política territorial que sacude a comunidades del este peninsular como la catalana y la balear, pero que adquiere entre los valencianos tintes de escándalo. Las cuentas públicas territorializadas, o balanzas fiscales, han vuelto a señalar lo excepcional de un caso en que la Generalitat aporta más al Estado de lo que recibe, pese a que la renta valenciana es inferior a la media.
Hasta el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoce que la Comunidad Valenciana está mal financiada. Pero ha reiterado que el sistema no se tocará esta legislatura. Lo que no es óbice para que exija disciplina en el déficit bajo amenaza de intervención. El nuevo consejero de Hacienda, Vicent Soler, ha advertido dentro y fuera del Consejo de Política Fiscal y Financiera que «es el caso más injusto»; la vicepresidenta, Mònica Oltra, ha retado a Montoro a responder si pretende «sacar a niños de los colegios o a pacientes de los hospitales», y el presidente Ximo Puig reclama con vehemencia a Rajoy la reforma del modelo y una dotación de urgencia de más de 1.000 millones para cubrir el agujero presupuestario dejado este año por el PP valenciano, cuya credibilidad en la materia se ha fundido en el crisol impasible de la indiferencia de su líder nacional.
Estamos, de momento, ante una ofensiva institucional, que irá in crescendo a medida que se acerquen las elecciones generales y adquirirá, de la mano de organizaciones patronales y sindicales, perfiles de clamor ciudadano. Pero Rajoy, seguramente, se limitará a esperar. Prefiere abordar el problema emboscado entre las turbulencias de una legislatura de conflictos y pactos, propicia a las artimañas, a actuar desde la responsabilidad de quien todavía gobierna con una mayoría que le viene grande.
