El Estado español es asimétrico. Es diverso, variado y plural. Dos acontecimientos nos han dejado patidifusos. En un alarde de ingenuidad se ha escenificado la escena del sofá para reunir, por invitación de Ximo Puig, a sindicatos (UGT y CC OO) representados por Gonzalo Pino y Paco Molina, junto a la patronal autonómica Cierval, con José Vicente González, poco después reelegido. Confluyen para reivindicar, una vez más, la financiación autonómica acompasada con la generación de riqueza y empleo. El anhelo consiste en reclamar ahora la quita del 50 % de la deuda y la otra mitad a los que gestionaron los despilfarros: Zaplana, Olivas, Camps y Fabra, que los tapó. Más alucinante ha sido la andanada propagandística del ministerio de Montoro, para difundir que Madrid contribuye 2,5 veces más que Cataluña a las arcas del Estado. A la vista de la asimetría hispana, sólo cabe la idea del general Clemenceau: «Los franceses después de todo, tienen derecho a no ser de París». Corría el año 1919 y el discurso lo pronunció el militar que condujo a Francia, nación asimétrica, a la victoria en 1918, en la Primera Guerra Mundial.
Hay un hecho que se reitera en el proceso democrático. Quienes vencen en las elecciones y consiguen gobernar acaban olvidando que su ascensión deriva de un mandato electoral que no es de su propiedad. Deberían asumir las decisiones y las acciones que responden a la mayoría de los electores, al sentido del voto que emitieron y al sentir de la sociedad. A menudo los políticos son víctimas de la sobreactuación. Se dicen a sí mismos: «Ahora verán las monadas que soy capaz de hacer». En el afán de aplicar las reformas que, para autoafirmarse, se precipitan, acaban irritando a los electores y defraudan a la población. Los cambios acaecidos en la Generalitat y en cientos de municipios, tras dos décadas de hegemonía del Partido Popular, son de notable calado. La primera misión del político „llámese Oltra, Puig, Marzà, Soler o Climent„ es perseguir la estabilidad de las entidades y en las organizaciones. La mejor Administración es la que no se nota. Para nada han de servir las auditorías que son una falacia en manos de profesionales del subterfugio y de las medias verdades.
Con el último drama griego, los españoles, los primeros en pronunciarse en la UE, se han olvidado de que el 20 de febrero de 2005 se nos convocó a un referéndum para aprobar la Constitución para Europa. Ganó el sí por el 77 % de los votos, que a su vez constituían el soporte electoral de PP, PSOE, CiU o PNV. A continuación se invalidó el proceso de aprobación por los resultados negativos en Francia y Holanda. Una estafa que no tuvo que esperar al veredicto alemán ni al británico, siempre eurófobo. La voluntad del pueblo español fue malversada en un proceso que nunca debió iniciarse sin haber establecido las garantías para que nadie votara en balde. Llama la atención que el Tratado de la Unión Europea de 1984, que fue promovido por un tenaz comunista federal, Altiero Spinelli, en 2005 sufrió en España una acerada oposición a la Constitución Europea, principalmente por Izquierda Unida, liderada entonces por Gaspar Llamazares, y por otros partidos como Esquerra Republicana de Catalunya. Todos con voluntad de ejercer poder, alineados con otros de corte filofascista y el Movimiento Carlista de España. CC OO y UGT, por su parte, respaldaron la non-nata Constitución para la Unión Europea.
Sorprende que los partidos políticos, cuyos ancestros conectan con la dictadura franquista, como el Partido Popular, se muestren ahora forofos de reforzar la unidad europea y las instituciones que la sustentan. Algo ha cambiado en los lobbies. El fracaso de la candidatura del ministro de Rajoy, Luis de Guindos, para presidir el Eurogrupo, ha desvelado la escasa influencia y nula credibilidad del Reino de España en los ámbitos europeos. Euroguindos se ha esfumado de la propaganda del PP. Ahora vemos que van a ser los herederos del Partido Comunista y de Izquierda Unida „Pablo Iglesias, Mónica Oltra, Ada Colau, Carmena„ los que decidan la posición del Estado español y de la Comunitat Valenciana ante las instituciones europeas, tradicionalmente ligadas a posiciones liberales, cristiano-demócratas y a la socialdemocracia.
Se utiliza mucho la simetría a modo de concepto político deseable. Las distintas zonas de la geografía española no son iguales ni equivalentes. Mientras haya territorios que gocen de conciertos económicos „País Vasco y Navarra„, de privilegios capitalinos (Madrid radical) o de capacidad insurgente (Cataluña secesionista) no se puede hablar de igualdad de los españoles ante la ley. Defenderla es una patraña porque no existe. Los territorios y comunidades autónomas serán asimétricos hasta que alguien sea capaz de pactar la solución. Habrá que conquistarla, es evidente.
