El Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, que ahora inicia su fase final de tramitación, es un documento ajeno a la realidad, redactado con la mirada puesta en los comicios del pasado mayo, y con una intención clara de satisfacer intereses partidistas, los del Partido Popular, dando soporte al discurso de dos de sus líderes: José Císcar en Alicante y Mª Dolores de Cospedal en Castilla La Mancha.

El plan condicionará la política hídrica de los próximos seis años de las comunidades autónomas de Castilla La Mancha, Aragón y Valencia, en un amplio territorio que abarca desde el Maestrazgo, al norte, el Vinalopó-Alacantí, en el sur, y, por el oeste, las cabeceras de los ríos Júcar, Turia y Mijares, y las ciudades de Albacete, Cuenca y Teruel. Las buenas relaciones entre los territorios son una prioridad y eso, en democracia, se alcanza con el consenso entre las partes. Consenso que se rompió con la aprobación del plan ahora vigente al dar la espalda el Partido Popular a las demandas de usuarios y colectivos sociales que con anterioridad no habían mostrado su rechazo al plan del 98.

No. No es verdad que haya agua para todos, como algunos nos han repetido hasta la saciedad, creando falsas expectativas en una población que cada vez más ve menguar los recursos naturales y, con ellos, la fuente de su sustento. Y lo que es peor: el futuro es descorazonador. Las consecuencias del cambio climático se ven a diario, no son una entelequia, y suponen una drástica reducción del agua disponible que el plan, y sus redactores, parecen no querer ver. Los políticos deben dejar de lado la sonrisa complaciente y mirar de frente la realidad, por muy amarga que esta resulte, siguiendo el ejemplo de honestidad que demuestran en el día a día muchos profesionales en trágicas y difíciles circunstancias.

Los acuíferos de La Mancha Oriental y del Vinalopó están sobreexplotados, la Albufera de Valencia no se puede rellenar con agua de la depuradora de Pinedo, y los ríos mediterráneos que agonizan o mueren antes de llegar al mar, no tienen capacidad para transferir recursos a otras cuencas. El medioambiente es una prioridad, no es una cuestión de ecologistas, más bien de sensatez: no se puede matar la gallina de los huevos de oro. Los ríos y los ecosistemas asociados garantizan la calidad del agua que utilizamos y representan para la sociedad un valor muy superior al que se obtendría con su sobreexplotación.

El plan en tramitación, copia y pega del vigente, incumple la Directiva Marco Europea y la Ley de Aguas. Su legalidad ha quedado en entredicho con la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la delimitación territorial de la cuenca, y todavía están pendientes de resolver, por ese mismo tribunal, los recursos presentados por Ecologistes en Acció y varios municipios de la Ribera. También vulnera el principio de participación efectiva, ya que el escaso tiempo destinado a la fase de consulta no ha permitido incorporar las alegaciones de los nuevos representantes institucionales, elegidos democráticamente en las urnas el pasado 24 de mayo en municipios y comunidades autónomas, impidiendo, de este modo, expresar la nueva voluntad popular que ha modificado sustancialmente el mapa político.

La soberbia y la imposición de voluntades no es el camino a seguir. La política hídrica debe elaborarse bajo el consenso y abordar con honestidad, la siempre difícil tarea de gestionar la escasez de recursos. El plan debe suspenderse, hay motivos más que suficientes que así lo aconsejan, y seguir el ejemplo, al que se vio obligada Rita Barberá, de paralizar la tramitación del controvertido Plan General de Valencia que proponía.