La Ley Electoral General 5/1985 de 19 de junio ha venido marcando las reglas del juego de nuestro marco electoral durante toda la etapa democrática de nuestro país. La ley ha sufrido determinadas modificaciones puntuales derivadas del paso del tiempo y de su adaptación al mismo, pero nunca se ha modificado el fondo de la misma, ya que la totalidad de los actores políticos la consideraban válida para el ejercicio de la democracia. Esta ley ha marcado el procedimiento de elección de nuestros representantes públicos.

Ahora, el PP se descuelga planteando una modificación de fondo, una modificación que no deriva de una reflexión profunda y compartida con la mayoría de los partidos políticos o con los ciudadanos, sino que proviene fundamentalmente de su incapacidad de llegar a acuerdos políticos con otros partidos del panorama político español. La pérdida contundente del poder municipal sufrido por el PP en las últimas elecciones municipales le induce a plantear que nuestro sistema electoral ya no sirve, exactamente ya no sirve para sus intereses partidistas y pretende su modificación sin consenso de forma que le pueda favorecer de manera espúrea.

La propuesta de primar a aquel partido que obtenga determinados resultados otorgándoles una mayoría absoluta ficticia, mayoría que no ha sido otorgada por los ciudadanos, solamente se puede calificar como tramposa y mezquina. Toda reforma electoral debe obtener determinados refrendos imprescindibles, ya que el sistema electoral supone las reglas generales y básicas de la estabilidad democrática. La reforma electoral debe contener un amplio consenso, recordar que en la modificación de nuestro Estatuto de Autonomía de 2006, los valencianos ampliamos el consenso respecto a las reglas del juego incorporando la necesidad de obtener los 2/3 de los votos de les Corts para poder modificar la ley electoral valenciana. Y cualquier reforma debe hacerse para mejorar la representatividad de los votos ciudadanos, de forma que nos acerquemos a máxima democrática de un ciudadano un voto y de la misma calidad y valor, no como pretende el PP en su propuesta en el que los votos de los ciudadanos que se presten a la candidatura que obtenga el 30 % o en su caso el 35 % tendrán el doble de valor que los demás votos ejercidos democráticamente, generando votantes de primera y de segunda.

Toda reforma electoral deberá contener un proceso de selección de candidatos en el que los ciudadanos o afiliados a los partidos puedan opinar mediante procesos de primarias la confección de las distintas candidaturas, impidiendo el dedazo por arriba al que nos tiene acostumbrados el PP. Este proceso de primarias es un modelo que se está extendiendo en los distintos partidos de la izquierda progresista y que ha sido ensayada con gran éxito en las primarias para la elección del candidato a la Presidencia de la Generalitat Valenciana por el PSPV, en el que se eligió a Ximo Puig mediante un sistema de votación presencial de más de 55.000 ciudadanos, constituyendo hasta el momento el mayor éxito participativo realizado por ningún partido en España. Incluso en Podemos para elegir a sus candidatos se ha echado a faltar una mayor participación e incluso que esta votación fuera presencial de los votantes, ya que este hecho pone en duda claramente la democracia en este tipo de refrendos ciudadanos a pesar de la falsa épica que se le pretende dar.

Por tanto, no podemos sino lamentar que la reforma que pretende el PP se intente realizar desde el caloret o l´acalorà de haber perdido casi todo el poder municipal debido a su incapacidad para entender que la política es dialogo y acuerdos y que debemos velar para que los ciudadanos sean todos iguales independientemente del partido al que votes. Por cierto, tampoco se puede pretender realizar los cambios en función de cómo le va en cada momento al PP; que se lo pregunten a Rita, que accedió al Ayuntamiento de Valencia después de haber perdido las elecciones. Pero bueno, entonces estaba bien y ahora no.