Una vez constituidos los ayuntamientos españoles, y por lo que respecta a aquellos con gobiernos de izquierda, hemos de suponer que la presencia de Podemos despertará viejas cuentas pendientes de la relación entre la Iglesia y el Estado (los ayuntamientos, es decir, la Administración local, también es Estado). Queremos decir que, o bien Podemos toma iniciativas al respecto, o bien la izquierda de los partidos históricos se sienta azuzada y retoma asuntos inconclusos.

El primero de ellos sería el del IBI de los inmuebles de la Iglesia, ya que es recaudado directamente por las municipalidades. No obstante, el IBI es regulado por normativa estatal y, en el caso de la Iglesia, está sometido a los acuerdos España-Santa Sede de 1979. La exención del IBI es considerada por las izquierdas como un privilegio y una forma de financiación encubierta de la Iglesia, por lo que, hacia 2004, con la llegada de Zapatero a La Moncloa, se reactivaron las reclamaciones de supresión.

Es asunto que atañe principalmente a los bolsillos de los ayuntamientos y unos pocos de ellos han mantenido en los últimos años dicha reclamación. Pero siempre se toparon con que el Gobierno de Zapatero o, ahora, el de Rajoy, rechazaron denunciar los citados acuerdos de 1979. Hay una razón elemental: si se anula un tratado internacional, o se tiene otro tratado redactado para sustituirlo de inmediato, o España se encontraría entre un reducido grupo de naciones que no han acordado nada con la Santa Sede, y ello, dicho con respeto, es más bien timbre de poca actitud civilizada y práctica. Pero la presión en el punto del IBI sobre el gobierno de la nación será ineludible.

En cuanto al restante fervor anticatólico „o, más bien, antieclesiástico, que es algo natural en España desde el «Lazarillo de Tormes»„ no sabríamos calibrar su espesor actual. Suponemos que las tradiciones de Semana Santa, del Corpus o de las innumerables vírgenes españolas recibirán pequeños o grandes ajustes en matera de presencia de las autoridades civiles, recorrido de las procesiones, colaboración de los consistorios... En la época en la que el zapaterismo estaba en mayor efervescencia con respecto a la Iglesia, le preguntamos qué opinaba al jesuita José María Martín Patino, recientemente fallecido, y respondió: «El problema de España es que no ha pasado por una Ley de la Laicidad como la francesa de 1905».

Y un último apunte sobre el voto católico. Las cifras estimativas sobre su cuantía son difíciles de obtener y las referencias que tenemos permanecen anticuadas, pero de algún modo habría que explorar las tendencias de ese tercio de declarantes del IRPF que sistemáticamente eligen la casilla de la Iglesia, o de ese tercio de católicos nominales que son practicantes. Nos referimos a unos ocho millones de españoles.