Son realmente sociales los presupuestos del Estado para 2016? Se ha hecho mucho hincapié desde el Gobierno en que más de la mitad del gasto es social. Es evidente que la partida social siempre es la más elevada, si tenemos en cuenta que engloba el pago de pensiones o desempleo. Pero en 2016, un año de recuperación económica, según señala el ministro de Hacienda, en el que se prometen, incluso, nuevas rebajas del IRPF si el PP gana las elecciones, ¿cuánto de social hay en el reparto de los miles de millones de euros? La respuesta, después de un análisis más detallado, es más bien poco. Uno de los principales argumentos se ha de buscar en los pensionistas, un colectivo que, pese a haber perdido poder adquisitivo durante la crisis, ha sostenido económicamente con su paga a miles de familiares que habían perdido todos sus ingresos. Pues este colectivo, un pilar básico que ha evitado un conflicto social en toda regla, volverá a sufrir en sus carnes otra pérdida de poder adquisitivo en 2016 „y ya irán cinco„, debido a que la subida del 0,25 % ni de lejos consigue compensar una inflación que según todas las previsiones superará el 1 %. Todo ello en un marco de incrementos salariales para los funcionarios y la Casa Real del 1 %, recuperación de la extra suprimida en 2012 y anuncios de nuevas rebajas fiscales por la mejoría económica.
¿Y qué sucede con los parados? Más de lo mismo. El presupuesto se recorta cerca del 22 % para las prestaciones por desempleo, cuando las previsiones del propio Ejecutivo son que el paro baje 2,3 puntos „del 22,7 % al 19,7 %„. De los 25.300 millones de 2015 se pasa a 19.830 „casi 14.000 millones menos de lo que se dedica al pago de intereses de la deuda (33.490)„. Ello sin tener en cuenta que la mitad de los parados ya no cobra prestación. El incremento del dinero destinado a las políticas activas de empleo tampoco podría justificar tal recorte, puesto que esta partida solo va a subir un 1,5 %, pasando de los 4.746 millones de 2015 a 5.214 de 2016. Un dinero que aporta el Gobierno central pero que deben repartir las comunidades. La mayoría de estos programas requieren, para ponerse en marcha, que las autonomías „algunas, como la valenciana, asfixiadas financieramente„ aporten una cantidad de dinero similar a la del Ministerio de Empleo. Las consecuencias las podemos comprobar cada cierre de ejercicio. El Consell ha dejado en años anteriores la mayoría de estos programas en un grado de ejecución mínimo „en algunos no se superó ni el 10 %„ y ese dinero no se pudo gastar a pesar de los más de 470.000 parados y la falta de formación de un importante número de ellos, que hace prácticamente imposible su recolocación a pesar del aumento de demanda de la mano de obra.
Si pasamos a otro apartado realmente social, el de la dependencia, el Estado prevé aumentar en 70 millones de euros su presupuesto, hasta alcanzar los 1.162. Todo ello dentro de un gasto global consolidado para 2016 de 351.459 millones de euros. Por no hablar de las becas, cuyo presupuesto se ha incrementado un 0,2 % para convertirse en «el mayor presupuesto de la historia»: 1.416 millones en total. ¿Unos presupuestos sociales?
