Ciertas banderas necesitan librarse de quienes se envuelven en sus pliegues; otras están desfasadas como las guerras en las que flameaban. La dirigente del PP Isabel Bonig ondea una de ellas para reclamar al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que «no baje la cabeza» en la defensa del trasvase Tajo-Segura, ahora que desde Castilla-La Mancha el también socialista Marcelino García-Page recurre contra la transferencia de 20 hectómetros cúbicos del gran río atlántico hacia el Mediterráneo. También propone abrir un frente parlamentario sobre el déficit hídrico. Se trata, probablemente, de la última bandera, bastante maltrecha, de una guerra que los populares declararon cuando llamaron a las masas a reivindicar «agua para todos» en las calles de Valencia, con el reparto de 120.000 raciones de paella pagadas por las instituciones. En algún campo de Vinaròs deben quedar rastros del agujero excavado en 2004 para escenificar el inicio de las obras y en algún terreno de Murcia yace olvidada la primera piedra colocada por José María Aznar de un trasvase del Ebro que, gobiernos socialistas y del PP mediante, quedaría pospuesto para siempre. Todo el dinero público gastado en fomentar esa guerra dio réditos partidistas y alimentó a grupos de presión. Dejó también muchas banderas rotas. Tal vez el Júcar fue el peor parado, con su drenaje hacia el Vinalopó y la amenaza, hoy remota, de trasladar la toma de agua cauce arriba para satisfacer a los regantes de una zona receptora en la que confluyen, además de los propios acuíferos, al menos tres fuentes de recursos: los trasvases del Tajo y del Júcar y las grandes desaladoras. Porque este verano se ha certificado otra derrota del PP en la contienda. Ha empezado a funcionar la desaladora de Torrevieja, emblema de la munición gruesa que la derecha empleó contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en su apuesta por una política alternativa a los trasvases. No solo Torrevieja, que suministrará 40 hectómetros cúbicos anuales, aunque podría llegar a 80, sino la desaladora de Mutxamel, y las de Alicante y San Pedro del Pinatar, que ya en 2012 evitaron problemas ante una avería del trasvase, garantizan que no falte agua de beber. Eso sí, para regar es cara, pero ahí empieza otro debate: el del precio de un bien escaso. La Unión Europea financió la construcción de desaladoras impulsada por la ministra Cristina Narbona y ha exigido que se utilicen. Su existencia invalida muchos argumentos trasvasistas. El alto coste energético, inferior con todo a la faraónica transferencia del Ebro, y los efectos de la salmuera vertida al mar son sus puntos débiles, pero suponen una salvaguarda contra eventuales crisis de escasez. La carga explosiva del conflicto se desactiva con esa garantía tecnológica, que desarma a contendientes (como los usuarios del Vinalopó, presididos por Andrés Martínez) que cobraron cuantiosas subvenciones (310.000 euros en su caso) de la Fundación Agua y Progreso, un tinglado de propaganda al que se destinaron 7,2 millones públicos.
Puig, con su consellera de Agricultura, Elena Cebrián, apela a «criterios técnicos» para no extremar el gesto en un asunto que pinta mal a medio plazo. Su homólogo García-Page, heredero de algunos tics populistas de José Bono y José María Barreda, considera una traición que su predecesora, María Dolores de Cospedal, pactara el plan de Miguel Arias Cañete para mantener el Tajo-Segura a cambio de incrementar en cinco años la reserva mínima embalsada en Buendía y Entrepeñas exigible para cualquier envío al Segura. Alberto Fabra logró una victoria pírrica con ello. Pero Puig ve crecer una corriente contraria que pone los trasvases a la defensiva. Como ha explicado Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, «el principal objetivo europeo es alcanzar el buen estado ecológico de las masas de agua, algo muy distinto a la tradición española, que ha legislado para dar agua a los sectores de las obras y los regantes». Se diría que ha llegado el momento de plegar banderas y aplicar a la política hídrica la máxima de Luis Vives de que «la primera condición para la paz es la voluntad de lograrla».
