Con una pésima entrada de parlamentarios en el hemiciclo, el Congreso de los Diputados escuchó finalmente esta semana los argumentos de los portavoces de las Corts Valencianes para defender la reforma del Estatut d'Autonomia pendiente desde 2011. Consiste en añadir una disposición para que las inversiones territorializadas del Estado sean proporcionales al peso de la población valenciana. Con una votación prácticamente unánime se admitió el proyecto que, sin embargo, no será aprobado esta legislatura. El PP ha retrasado hasta en cuatro ocasiones el debate de una reforma avalada en su momento por todos los grupos de la Cámara valenciana y ha conseguido bloquear, primero, y dar la patada a seguir, ahora, a una medida que el expresidente de la Generalitat Francisco Camps impulsó con urgencia tras intentar sin éxito que el Tribunal Constitucional la declarase ilegal en los estatutos de autonomía de Cataluña y Andalucía.
En efecto, los populares consideraban inconstitucionales las denominadas cláusulas de blindaje de inversiones contenidas en ambos textos estatutarios, pero el alto tribunal les dio validez y puntualizó que no obligan al Gobierno a su cumplimiento en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Algo que no impidió que el socialista José Luis Rodríguez Zapatero garantizara los mínimos de inversiones en ambos casos, lo que llevó al PP valenciano, a pocos meses de las elecciones autonómicas, a incluir la reforma estatutaria en su arsenal de artilugios victimistas frente al Gobierno del PSOE.
Fue una ocurrencia inspirada en la denominada «cláusula Camps», una disposición adicional pegada a la reforma del Estatut de 2006 que dice textualmente: «Cualquier ampliación de las competencias de las comunidades autónomas que no estén asumidas en el presente Estatuto o no le hayan sido atribuidas, transferidas o delegadas a la Comunitat Valenciana con anterioridad obligará, en su caso, a las instituciones de autogobierno legitimadas a promover las correspondientes iniciativas para dicha actualización». Motivada por lo que, echando mano del refranero, podríamos definir como la doctrina del «culo veo, culo quiero», la cláusula era, en realidad, un arma coyuntural, meramente táctica, pese a su estratégica formulación legal. Plantea, por ejemplo, grotescos enigmas sobre su hipotética aplicación en la estela de la deriva independentista catalana y ya habría debido motivar a la Generalitat valenciana a reclamar competencias, no solo en policía y tráfico, sino también en materia de instituciones penitenciarias, que Cataluña gestiona desde hace años. Volviendo al refranero, tal vez sea el espíritu del «quiero y no puedo» el que haya inspirado en el fondo al PP en su política autonómica. Además de cierta falta de respeto a las reglas del juego.
Porque su actuación, recurriendo esta vez al acervo autóctono, ha sido la de «fer i desfer, com el matalafer». Ya con un presidente del PP en la Moncloa que no estaba dispuesto a mejorar las inversiones ni la financiación autonómica, Alberto Fabra intentó sin éxito estos últimos años, no solo que los grupos de oposición se avinieran a retirar la reforma pendiente de 2011, sino a volver a reformar el Estatut para dar marcha atrás en el número de diputados de las Corts Valencianes, en su sistema de elección o en su aforamiento, que en 2006 se amplió a la responsabilidad civil. También pretendió sin éxito desmontar la Acadèmia Valenciana de la Llengua, que aquella reforma estatutaria convirtió en la institución normativa del valenciano. Tenía mayoría absoluta el PP en 2006 y la mantuvo hasta hace unos meses, pero ciertos juegos políticos se estrellan en las mayorías cualificadas que requieren las normas fundamentales. Y hay caprichos que no decaen, como ocurre con la reforma estatutaria de 2011, que dado su rango ha pasado de periodo de sesiones en periodo de sesiones debido al veto del Gobierno hasta quedar pendiente de aprobación en el Congreso la próxima legislatura. Es un ejemplo de cómo, a veces, quienes se declaran acérrimos defensores del sistema son quienes menos respeto tienen por las leyes y las instituciones. El nuevo manoseo al Tribunal Constitucional que pretende Mariano Rajoy a cuenta del independentismo catalán, en plena campaña autonómica y a escasos meses de unas elecciones generales, es otra prueba, más grave, del peligro que implican los antisistema de cuello blanco.
