Todo empezó en agosto cuando el president Puig pasó unos días en mi Menorca natal, donde tras charlar con Mas y relajarse en aquellas calas volvió a Valencia. Tiempos previos a elecciones catalanas y de solitaria porfía del también socialista Borrell intentando poner cifras a la operación de Mas. Ignorando aparentemente la magnitud del problema, Puig se postuló como puente entre Gobierno y Generalitat catalana. Desgraciadamente, hoy este ofrecimiento es contradictorio con la misión de que la Generalitat Valenciana (GV) pueda sobrevivir a su crisis financiera.
Con razón, el Consell pide una reforma urgente y con efectos retroactivos del modelo de financiación autonómica. Una discusión de la que explícitamente se desvinculó Cataluña, destinada a ser el principal aliado de la Comunitat Valenciana. Hace ya meses que por boca de su conseller de Hacienda, Mas Colell, se autoubicó fuera de la reforma, diciendo que no iba a participar en la discusión. Es comprensible este desinterés por el futuro de las comunidades autónomas (CC AA) ya que cuando el nuevo modelo pueda ejecutarse, la independencia catalana ya iba a ser poco menos que irreversible.
La GV tenía a 30 de junio una deuda de 40.085 millones de euros, de los cuales el Estado a través del FLA soporta 24.740 millones. Cataluña debe 67.855, de los cuales el Estado soporta 37.487. Divididas por sus respectivas poblaciones, las dependencias del Estado son muy parecidas. Si de lealtades hablamos, la GV no puede pedir ningún tratamiento especial (quita, aumento del déficit autorizado, más FLA, etcétera) sin concederlo también para Cataluña. Sin embargo, nuestros vecinos juegan al fuera y dentro.
Ante la independencia, sería lógico dejar de insuflar fondos del Estado y que se destinaran a aquellos que también están con el agua al cuello, pero que no parece que vayan a salirse de España. La lógica se rompe cuando nadie quiere ser responsable del último eslabón de la secesión. Para que se entienda: «ni se muere la abuela, ni cenamos. Señalar estas obviedades no es anticatalanismo, pero la dura realidad es que si el president quiere tener alguna posibilidad de éxito cuando el próximo lunes se entreviste con Rajoy, es bueno que viaje con una decisión entre su vocación de puente y su obligación institucional.
El premier Cameron, con el brexit en la recámara, está visitando las capitales europeas, proclamando que está dispuesto a hacer campaña para la permanencia en la UE, si se le conceden unas mejores condiciones. El yes/no parece depender más de las mejoras de las condiciones que los demás ofrezcan, que de británicos sentimientos y nacionalidades. Parece que la misma metodología siguió un 15 % de catalanes a la hora de decantarse por el voto en favor de Junts pel Si, que ahora, en privado, reconocen que en realidad no quieren la independencia, sino aprovechar la coyuntura para que Cataluña consiga unas mejores respuestas a sus demandas y así mantenerse en España.
Cuatro son esas demandas: 1) Reconocimiento de Cataluña como nación (término de semántica retorcida); 2) Fijación de un límite a la aportación catalana al fondo de solidaridad, aplicable a todas las comunidades autónomas (en otras palabras que un nuevo modelo de financiación autonómica pierda buena parte de su capacidad redistributiva); 3) Atribución a la Generalitat de competencias exclusivas en lengua, enseñanza y cultura; 4) Admisión de una consulta a los catalanes sobre su aceptación o rechazo del plan propuesto (nada se dice del voto del resto de españoles). No creo que haya grandes dificultades para los puntos 1 y 3 y bien explicado incluso en el 4, pero en el 2 las cosas patinan.
Escribía hace unos días Lluís Oriol que quizás el elemento que acabó empujando al citado 15 % de federalistas a superar finalmente su umbral de tolerancia hacia el independentismo fue el deterioro del autogobierno catalán tras la crisis de deuda de 2012. Cuando la Generalitat (exactamente igual que la nuestra) fue incapaz de acceder al mercado de capitales, tuvo que ser rescatada por el Gobierno central. Las condiciones, como ocurre en estas ocasiones, supusieron, como en la GV, una anulación de facto del autogobierno, nada muy diferente de lo que vivó Grecia. Fue entonces cuando para muchos catalanes, Madrid acabó por convertirse en la troika, en su imaginario particular. En Cataluña, Montoro era una troika, aquí un señor un poco antipático al que reconocíamos como administrador de la gota a gota que hoy permite la supervivencia de la GV. Dos visiones de la misma situación; por una vez, el meninfotismo valenciano puede haber sido mucho más pragmático que la rauxa catalana que no del seny. Todo pueblo tiene sus vicios y virtudes.
Con el detonante de la crisis y del gobierno rescatado, los sentimientos de agravio acumulados durante los últimos años han hecho que muchos catalanes dejaran de ser leales a España. Llegados a este punto, el Gobierno central que salga del 20D no podrá recuperar esta lealtad con simples gestos simbólicos. Quien vaya a tomar el gobierno de Estado no va a tener euros sobre la mesa, por lo que cabe esperar que este colectivo no se sienta satisfecho con meros cambios cosméticos.
Hablemos en serio. Una tercera vía eficaz en Cataluña conllevaría una reformulación del modelo de Estado e inevitables recortes económicos para el resto de CC AA. ¿Puede este resto de España (incluida una redefinición del cupo vasco) permitirse asumir los costes para recuperar la lealtad catalana? En el entender de Lluís Oriol, este es el principal escollo.
Con un trimestre de antelación. Este es el marco en el que el 2 de noviembre Ximo Puig viajará a Madrid en busca de recursos económicos para terminar el año y poder preparar unos presupuestos para 2016. El mismo problema que tiene Mas, aunque para soledad de nuestro president, aquel pretende encararlo como república independiente.
En los últimos años, la opinión pública española se ha movido a posiciones menos tolerantes con el sistema autonómico. Si excluimos a las CC AA históricas, los partidarios de una recentralización o anulación de las autonomías representan más del doble de quienes prefieren potenciar la descentralización del Estado. Si a este clima de opinión se le suman las recientes presiones de la UE para que se ejecuten nuevas medidas de austeridad, es muy difícil pensar que el Estado pueda convencer al electorado español de la necesidad de plantear un nuevo pacto con Cataluña que implique apretarse aún más el cinturón.
Todos sabemos que en caso de producirse alguna separación derivada de los referéndums del brexit o la del dret a decidir estaremos en un juego de suma no nula, es decir económicamente pierden todos: tanto quien se separa, como el conjunto de los que se mantengan en la estructura existente. Ante la posibilidad de ir a peor, muchos tratan de evitarlo y con ello tanto Cataluña respecto a España, como el Reino Unido con el resto de la UE hacen descansar en los que se quedan la responsabilidad última de la ruptura.
Cuando Puig negocie con Rajoy debe saber que tender el puente con Mas (recuperar la lealtad de los catalanes) no va ser una tarea fácil, especialmente cuando se hable de euros, en forma de ayudas vitales para la GV y de nuevos modelos de financiación incluso incluyendo aportaciones forales.
