A cada votante le gustaría que el programa político elegido con su voto se llevara a la práctica íntegramente. Y aunque en una sociedad democrática es imposible que una opción política logre la unanimidad, la unanimidad es lo que realmente perseguimos, aunque esté reñida con el pluralismo político. Pero nuestra sociedad es plural, de manera que los electores sabemos por anticipado que en una sociedad democrática los votos de los ciudadanos se distribuirán entre distintas opciones, porque afortunadamente el hombre unidimensional que se vaticinaba en el pasado siglo todavía no ha cobrado forma entre nosotros.
Pero una cosa es que unas elecciones arrojen como resultado un Parlamento fraccionado, en el que ningún partido o coalición tenga la mayoría absoluta, y otra es que los votantes hayamos pactado previamente un mensaje o mandato a los partidos políticos consistente en qué deben pactar, o en cuál sea el mandato. No hay tales pactos o mandatos urdidos por los ciudadanos salvo en el mundo imaginario de las conveniencias políticas. Afortunadamente, cada ciudadano vota libremente como si estuviera solo en el mundo. Los pactos son cosa de los políticos.
Es obvio que para que un partido político pueda gobernar en solitario en España tiene que tener la mayoría absoluta de los diputados del Congreso. De manera que si tal mayoría no se obtiene en las elecciones y se quiere gobernar, es necesario obtener acuerdos con otros partidos, primero para investir a un presidente del Gobierno y después para gobernar. Así, lo primero que debieran hacer los partidos políticos es explicar a sus electorados que no es posible llevar a la práctica, en su totalidad, sus respectivos programas políticos, por lo que es necesario hacer concesiones a otros partidos; es el reconocimiento del pluralismo en la sociedad. Lo que no significa que el partido ganador de una mayoría absoluta en el Congreso, o en cualquier otra cámara, no deba pactar con los demás partidos políticos del arco parlamentario. El pacto debe ser consustancial al funcionamiento de los gobiernos, en la medida en que pretendan serlo de todos los ciudadanos y no solo de sus electores.
Los pactos, cuando ningún partido tiene la mayoría absoluta en el Congreso deben, necesariamente, ser pactos originarios, expresados en un documento formal, suscrito previamente a la investidura del presidente del Gobierno. Las modalidades de pacto son muchas, pero en todo caso exigen negociación, flexibilidad y cesiones de unos y otros negociadores.
Partimos de la consideración de que los pactos se refieren, en primer lugar, a los programas de gobierno y, en segundo lugar, a la distribución de los cargos para llevar a cabo lo pactado, pues ambas cuestiones son necesarias por el orden señalado. Y este orden de cosas no debe tratarse simplemente de una simulación, es decir de una mera distribución de cargos entre los que se coaligan, como si el poder se tratara de la distribución del botín de una guerra, lo que sería deplorable.
A la hora de pactar, los que lo hacen, deben tener en cuenta dos cuestiones: los programas y los partidos con los que se pacta. La ventaja que tienen los llamados viejos partidos, los que han gobernado, es que sus líneas programáticas suelen ser conocidas y los comportamientos de sus líderes, previsibles. En líneas generales, los ciudadanos españoles sabemos cuáles son las posiciones programáticas del PSOE y del PP, sus coincidencias y sus diferencias. Y también conocemos a sus líderes, y los controles que sobre los mismos ejercen los órganos de cada partido político. Esto mismo no sucede con los nuevos partidos , o mejor dicho, no sucede con algunos partidos que han dado muestra de desconocer las reglas que rigen los pactos en los sistemas democráticos. Nos referimos a los partidos que son como veletas, de manera que sus programas son volátiles: hoy digo esto, mañana lo contrario y pasado mañana ya veré. Partidos que tienen la intransigencia como lema, es decir, que no creen en el pluralismo político social. Partidos dispuestos a crear frentes populares para barrer al contrario. Partidos a los que, sobre todo, les interesan los cargos, y para los que los programas no son sino un mero instrumento para alcanzar el poder. Partidos que representan a la vieja política en que la intolerancia con todos los que no piensan como ellos es su lema principal.
Desde otra perspectiva hay que decir que los pactos entre partidos que compiten por convencer al mismo electorado tienden al frentismo „de izquierdas o de derechas„ que lejos de pacificar a una sociedad fragmentada, la fragmentantodavía más. Por el contrario, los pactos entre los que tienen programas diferenciados garantizan la ausencia de frentismos, y además inducen a los ciudadanos a una cultura del pacto que es la única saludable, la única que reconoce la diversidad y el pluralismo político y social. El pacto entre los que son adversarios evita la dilución de un partido en otro, mantiene la identidad de los pactantes, evita fusiones que serían un fraude a los electores, y evita los peligros del frentismo. El PSOE, el más veterano de los partidos españoles, se ha caracterizado desde la reinstauración de la democracia por evitar la creación, en el Congreso de los Diputados, de un frente de izquierdas asociándose con el Partido Comunista primero y con Izquierda Unida después. La memoria histórica no le falta al PSOE, que ha sabido valorar hasta ahora las graves consecuencias que puede traer para España un pacto de esa naturaleza.
Cuando el PP y el PSOE se han acercado al centro, es decir, cuando han practicado políticas moderadas alejadas de la estricta ortodoxia de sus respectivas ideologías, han mostrado tolerancia y han conseguido las mayores cotas de aceptación, incluso de aquellos que no les votaron y que no les votarán en el futuro. Pero también han practicado el rodillo sin conmiseración en algunas de sus legislaturas. La última es un ejemplo paradigmático de gobernar con el rodillo y con desprecio a los menos favorecidos. Estos últimos antecedentes no conducen al optimismo.
Al comienzo de la transición se dijo, con razón, que el nuevo régimen constitucional solo podría considerarse una democracia si después de la UCE gobernaba el PSOE. Habría que añadir ahora que no se podrá decir que nuestro régimen constitucional es una democracia hasta que los políticos españoles sean capaces de formar un gobierno de coalición. Una coalición que exige renuncias personales y programáticas, ni más ni menos lo que sucede constantemente en la sociedad en que hay que conciliar intereses de signo contrario de modo permanente.
La nueva democracia debe caracterizarse por erradicar concepciones monolíticas de la sociedad, que la historia nos demuestra que conducen al desastre. Y erradicar dichas concepciones pasa por demostrar que se puede coincidir en construir un proyecto sólido de España en que tengan cabida todos los que participan de los valores y principios constitucionales, y en particular la libertad, la solidaridad y el pluralismo político.
