Vamos a ver, al PSOE le acaban de imputar dos nuevos altos cargos del Gobierno andaluz y van más de mil. Hace pocos días ingresaban en prisión la exalcaldesa de Jerez y un ex viceconsejero del Gobierno de Aragón y todo ello a la sombra de los EREs, el mayor caso de corrupción que ha conocido este país desde Recesvinto Rex Visigothorum. No se vayan y contemplemos el caso de Podemos-Compromís. Se ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo y la policía investiga la comisión de hasta doce delitos en la financiación de la secta. El asunto tiene su origen en el hecho de que parecen existir notables indicios, por decirlo de alguna manera, de que la romería podemita se pagó de forma fraudulenta con cargo a los presupuestos generales del Estado de Venezuela e Irán. Un régimen populista y autoritario, el primero, que ha venido llenando sus cárceles de presos políticos y de conciencia y una dictadura teocrática el segundo, donde no está mal visto matar a pedradas a las mujeres o colgar a los homosexuales de las farolas.
Para que nos entendamos, se investiga si Podemos podría haber vendido e Irán haber comprado, setenta diputados y unos cuantos senadores, incluídos los de Compromís mi querida señora Oltra, por cinco millones, euro arriba, euro abajo, según las informaciones aparecidas en medios de comunicación. De comprobarse, y lleva ese camino, además de las repugnantes implicaciones éticas, nos situaríamos ante un escándalo de corrupción política de proporciones épicas, sin parangón en la historia democrática de Occidente.
Comparado con ello, el hecho de que Pablo Iglesias se vea obligado a declarar unos ingresos en 2015 de 110.000 euros, salario al alcance de cualquier indignado que se precie y una cartillita de ahorros con 112.000 machacantes, teniendo en cuenta que hasta 2014 su sueldo como profesor era de 913 euros mensuales, puede parecer una cuestión menor, una nimiedad. En cualquier caso, coincidirán conmigo en que resultaría muy interesante una sucinta explicación o bien que escribiera un manual al respecto; ambas posibilidades le granjearían el agradecimiento de la nación. Su número dos, nuestro Dorian Gray particular, hablo de Íñigo Errejón, está a su vez siendo investigado por el asuntillo de cobrar dinero público de una universidad, también pública, sin realizar el correspondiente trabajo por el que se le pagaba, es decir la misma conducta que se atribuye a Iñaki Urdangarin pero en versión marxista-leninista.
Finalmente tenemos el caso de Ciudadanos, no entro en el asunto de CiU porque para qué. Dejando de lado que su único alcalde en Andalucía tuvo que dimitir por un enojoso problemilla antes de cumplir cinco meses de mandato y que sin haber gobernado en ninguna institución ya han tenido que apartar a sesenta compañeros de cargos y listas por otra serie de no menos enojosos contratiempos, lo que sí merece un profundo estudio es su extraordinaria habilidad para financiarse. Verán, una campaña electoral sale por un Congo, cuesta un Perú. Pues bien, Ciudadanos, sin subvenciones públicas al tratarse de una formación primeriza, ha hecho frente a tres campañas electorales, sin contar las europeas, en apenas seis meses y aún le han quedado unos ahorros para abrir lujosas sedes (dénse una vuelta por la de Valencia) a lo largo y ancho de esta piel de toro y todo ello con las cuotas de los militantes. Si quieren que les sea sincero, en mi opinión, no es Albert Ribera el personaje mas notable e interesante de la formación naranja, ¡es su tesorero! Creo que tenemos dos opciones razonables, o bien investigamos la financiación de Ciudadanos o bien nombramos ministro de Hacienda a ese portento.
Pueden pensar algunos que estoy poniendo el ventilador en marcha o recurriendo al manido «y tú más», pero se equivocan. Soy perfectamente consciente de que los errores de los demás no encubren los propios y en el Partido Popular los hemos cometido y asumido nuestra cuota de responsabilidad. Lo que pretendo es una cuestión distinta. Quisiera que ustedes reflexionaran conmigo, si son tan amables, sobre por qué los casos de corrupción convierten al PP en una organización criminal, lo inhabilitan para gobernar e imposibilitan cualquier clase de diálogo y, sin embargo, esa regla no se aplica a los demás. ¿Por qué los casos de corrupción deslegitiman al centroderecha y las mismas situaciones o peores no producen el mismo efecto en la izquierda? ¿Por qué no se puede negociar con Rajoy pero sí con Sánchez, Iglesias o Ribera? ¿Por qué el primero debe dimitir mientras los demás permanecen impasibles?
Siento curiosidad.
