Cuando en política uno echa la mirada hacia atrás, concretamente a los años de bonanza económica de la Comunitat Valenciana, recuerda momentos de una indiscutible uniformidad ideológica y social. El PPCV ganaba con aplastante mayoría, habiéndose ganado el favor de la ciudadanía, patronal, sindicatos e incluso la propia oposición, a la que muchos tachábamos de conformista. Estábamos en una situación de irremediable poder de los populares, donde la gente afirmaba sin rubor que Rita Barberá «tiene Valencia muy bonita» y que sería alcaldesa hasta que sus fuerzas le acompañaran. En idéntico sentido, el parlamento autonómico vivía una hegemonía azul que nadie se atrevía a discutir. Eran tiempos en los que pocos levantaban la voz, y quienes señalaban asuntos como el despilfarro o la corrupción predicaban en el desierto, mientras que la oposición se escondía detrás de sus cómodos asientos de Les Corts, con la finalidad de pasar lo más inadvertida posible y seguir disfrutando de un atractivo papel secundario.

Hoy, y como Levante-EMV nos desveló al anticipar la Operación Taula el pasado 24 de enero, comenzamos a sospechar que el caso Imelsa puede salpicar también a la izquierda. La imputación o investigación, como dirían los más puristas, de tres vicepresidentes del actual equipo de gobierno de la diputación, llamados a declarar ante la Guardia Civil y que pertenecen al PSPV, Compromís y EU, podría acabar descubriendo que la empresa pública estaba al servicio de todos los partidos políticos y sindicatos para colocar a sus enchufados, zombis y asesores varios que presuntamente cobraban una nómina ficticia.

En un momento de opulencia, cuando el presidente de la Generalitat y la alcaldesa saludaban a la afición desde un Ferrari, sería perfectamente asumible que los autores intelectuales de toda esta trama delictiva hicieron bueno el dicho de «mantén a tus amigos cerca, pero más cerca a tus enemigos», permitiendo alegremente que quizás el 90 % de los 770 empleados de Imelsa fueran colocados a dedo por unos y otros. Ahora la difícil pregunta es qué hacemos si robaron todos, ya que, aunque la respuesta que están dando Puig, Oltra y Bonig es la acertada, parece que llega casi una década después, seguramente por culpa de quienes les permitimos durante años que saquearan las arcas públicas, y a pesar de ello, les seguíamos votando.