Durante los últimos años, la aplicación de la tasa de reposición del 10 % impuesta por el Ministerio de Hacienda ha deteriorado enormemente la situación del profesorado de la Universitat de València. Por un lado, se ha retrasado de manera escandalosa la incorporación de los nuevos profesores a plazas estables de profesor titular o de contratado doctor. Por otro lado, al no poder incrementar la plantilla, las universidades han continuado haciendo un uso abusivo de la figura del profesor asociado, como mano de obra barata, mediante la generalización de contratos de este tipo para impartir docencia por necesidades ordinarias. Esta política ha mermado la calidad de la actividad docente en la universidad y ha generado un colectivo que, en muchos casos, soporta el peso de la docencia de algunos departamentos, sin una remuneración digna y adecuada al trabajo que realizan.
El Vicerrectorado de Profesorado de nuestra universidad no ha sabido reaccionar para aplicar una política de recursos humanos inteligente y responsable ante la tasa de reposición. Si cada año solo se podía convocar el 10 % de las plazas que quedaban vacantes el año anterior, la política más adecuada debía haber sido intentar que, durante los años en que la tasa de reposición era tan baja, se hubiera producido el menor número de jubilaciones posible, ya que se hacían necesarios 10 ceses para generar una sola plaza nueva. Era razonable predecir que la tasa de reposición no iba a ser siempre del 10 % y, por tanto, la política inteligente habría sido intentar evitar jubilaciones si estas no eran forzosas y esperar a que se incrementara la tasa de reposición, como finalmente ha sucedido.
Pongamos un ejemplo. En el año 2013 cesaron por jubilación 44 profesores en nuestra universidad: 33 (es decir el 75 %) lo hicieron acogiéndose a la opción de jubilación voluntaria y 11 lo hicieron de forma forzosa o por invalidez permanente. Todos sabemos que muchas de las personas que se acogieron a la jubilación voluntaria (que ya no estaba incentivada) se habrían quedado en la Universitat si se les hubiera apoyado institucionalmente. Muchos se marcharon disgustados por tener que impartir 29 créditos, algo a lo que no obligaba el decreto del ministro Wert, pero que nuestros gestores universitarios decidieron que así fuera. Dejaron la Universitat, viendo que la institución en la que habían trabajado toda su vida no hacía nada por mejorar sus condiciones, ni por valorar su extraordinaria aportación docente e investigadora. Pero además se llevaron su hueco, porque con esas 33 jubilaciones evitables solo se consiguieron 3 plazas (con la tasa de reposición del 10 %), mientras que, si algunas se hubieran retrasado dos años y se hubieran producido en 2015, se habría conseguido una plaza por cada jubilación.
La Universitat, tratando así a su personal de más edad, no solo ha perdido un conjunto de personas con una experiencia y un saber hacer encomiable, sino que ha derrochado, ha perdido las plazas que ocupaban, que deberían haber servido para promocionar a los nuevos profesores, rejuveneciendo la plantilla y dando estabilidad a nuestros „ya no tan jóvenes„ excelentes ayudantes doctores y permitiendo muchas más promociones a profesor titular y a catedrático de los que hace años se acreditaron a esos cuerpos.
Ciertamente, la tasa de reposición venía impuesta por unos gobernantes que tenían en su agenda estrangular a la universidad pública, pero la manera con la que la UV ha gestionado esta realidad no ha sido acertada. Conviene, pues, enmendar la situación, reivindicar que las vacantes producidas durante los períodos con tasas de reposición bajas no se amorticen, es decir que no se pierdan para siempre. Conviene también priorizar los recursos para dignificar la situación de los diferentes colectivos que conforman nuestro personal docente e investigador, estableciendo una carrera profesional bien definida, sin interrupciones, basada en los méritos y en la que se armonicen sus componentes académica y administrativa. En particular, la situación generada con los profesores acreditados a cátedra precisa medidas generales que sobrepasan el ámbito de cada universidad. Como sugiere su coordinadora estatal, convendría considerar una solución global semejante a la que se adoptó en su día con los antiguos agregados, mediante una ley que permitiera, de manera excepcional, la conversión automática de los acreditados a catedráticos de pleno derecho.
