Cierres de empresas, protestas de ganaderos, leche sin recoger en el campo, caída en picado de los precios en origen y un profundo desánimo lastran al sector lácteo español desde que la UE decretó el fin de las cuotas lecheras, hace casi un año. El enfermo grave pasó a terminal tras la liberalización del mercado, el pasado uno de abril de 2015, que desequilibró aún más la delicada balanza entre producción y capacidad de absorción del mercado, amo y señor ante el que los sectores productor y transformador se sienten impotentes.
Las medidas del Ministerio de Agricultura para preparar el nuevo escenario no han servido de nada. Tampoco los esfuerzos de la Comisión Europea por vender las excelencias de un nuevo sistema que deja a los productores y a las industrias al albur de las veleidades de la oferta y la demanda. El resultado son las torres de almacenamiento llenas de leche en polvo y tarifas que comprometen la rentabilidad de las principales compañías y ganaderías del país.
La liberalización del mercado lechero europeo llegó con la promesa de una ingente demanda procedente de China, Rusia y el resto de países emergentes. La realidad no es así. China comenzó a dar síntomas de decaimiento en 2014. En 2015 cerró los mercados a la leche europea y aunque el pasado enero las exportaciones repuntaron, el volumen aún no es suficiente como para dar un respiro a España. Mientras que las empresas más relevantes no saben qué hacer con sus toneladas de stocks, Bruselas anunció el pasado 14 de marzo un mecanismo regulador de la producción a través de acuerdos voluntarios y temporales, a fin de reducir los ordeños e intentar frenar la caída en picado de los precios.
El comisario Hogan ha accedido a aplicar un mecanismo extraordinario, sobre todo para calmar la angustia de España y Portugal, que han pedido medidas ante el desajuste entre la oferta y la demanda de leche. También se han adoptado otras disposiciones que pueden permitir dar cierta salida al sector, como duplicar los volúmenes de intervención (almacenamiento público) para la leche en polvo, leche desnatada y mantequilla, o el incremento de fondos para medidas de promoción y exportación a nuevos mercados.
En cualquier caso, el Ministerio de Agricultura, en funciones, recomienda a los ganaderos que adapten su producción a la demanda del momento y enerva aún más los ánimos. Algunas organizaciones agrarias piden el regreso de las cuotas, o al menos de algún tipo de mecanismo de protección. La Interprofesional Láctea, (INLAC), confía en que el control de la cadena de valor de la leche contribuya a restablecer la confianza.
Una vez más, los ganaderos tienen la sensación de que las medidas llegan tarde. Los países del Norte de Europa, esos grandes productores que llevan años exportando sus excedentes, necesitan vender. No renunciarán al 30% del mercado español que copan desde hace años. Y es que si el fin de las cuotas ha sido un mazazo para España, más lo es la dificultad de reconquistar las estanterías de los supermercados, tras más de dos décadas de cuota lechera deficitaria que dejaba la puerta abierta a los quesos y yogures baratos de los vecinos europeos.
Tras su ingreso en la UE en 1986, a España se le asignaron 4,5 millones de toneladas de producción, que aumentaron hasta seis millones en repartos negociados por sucesivos gobiernos, cuando la demanda total asciende a nueve millones.
Con el precio medio por litro en Europa a 29 céntimos y unos costes de producción que llegan a 33 en Asturias, el panorama se presenta oscuro. Las cuotas se instauraron para reducir aquellos ríos de leche y montañas de mantequilla que inundaban el mercado Europeo. Hoy la historia parece repetirse, pero nadie tiene un plan.
