En torno al tratado de libre comercio con Canadá, conocido en inglés por las siglas de CETA (Comprehensive and Economic Free Trade Agreement), reina la confusión cuando no una ambigüedad calculada.
Ese acuerdo, que se ha adelantado al similar que negocia la Comisión Europea con EEUU (TTIP), es defendido por el vicecanciller y ministro de Economía alemán, Sigmar Gabriel, según el cual no tienen razón quienes se manifiestan en contra.
El socialdemócrata Gabriel aseguró en público que el tratado tiene que ser aprobado antes por el Bundestag y el resto de los parlamentos europeos además de por el canadiense.
El vicecanciller alemán y muchos de sus colegas dan por sentado que el documento en cuestión tiene la consideración de acuerdo "mixto", es decir que tienen que aprobarlo tanto el Parlamento europeo como los nacionales ya que afecta en muchos aspectos a las legislaciones de los países miembros.
Sin embargo, como explica en un artículo el semanario Der Spiegel, el tratado tiene un problema: lo normal es que el consejo de ministros, cuando lo apruebe, decida su inmediata puesta en práctica.
Y ello significa que todos los elementos del mismo que no afecten directamente a las legislaciones nacionales podrán entrar en vigor antes de que pase a consideración de los distintos parlamentos nacionales.
En el caso de CETA, señala la revista, eso está ya previsto y figura en el orden del día del consejo ministerial, por lo que si lo aprueban el consejo y el Parlamento europeo, comenzarán a aplicarse esas cláusulas antes del proceso de ratificaciones, que puede durar hasta seis años.
Lena Blancken, economista de la organización de defensa de los consumidores Foodwatch se muestra escéptica sobre la posibilidad de que una vez que comience a aplicarse, vaya a producirse una vuelta atrás.
El profesor de Derecho Público de la Universidad alemana de Speyer Wolfgang Weiss, citado por la revistga, expresa también sus dudas y señala que una línea muy delgada separa las competencias nacionales y las comunitarias.
Según Weiss, en los acuerdos firmados con Corea del Sur, Colombia o Perú se decidió la aplicación provisional del reconocimiento mutuo de los artículos sobre protección laboral aunque no eran competencia exclusiva de la UE, algo que puede repetirse ahora con el CETA.
Como parece que ocurrirá también con el TTIP, las disputas se dirimirán ante un tribunal de inversiones de carácter público y no privado como se pretendía en un principio, pero la judicatura alemana está en cualquier caso en contra de que se creen "tribunales especiales" porque limitarían la competencia jurisdiccional de los Estados miembros.
Weiss considera que la nueva generación de tratados de libre comercio va a permitir que se tomen en muchos casos decisiones vinculantes sin que los parlamentos nacionales tengan nada que decir, lo que, en su opinión, es "democrática y constitucionalmente inaceptable".
Mientras todo esto se cuece en Europa, aquí seguimos sin gobierno y, a lo que parece, como en tantas otras cosas, sin enterarnos.
