Hay que atraer talento hacia lo público. Hay que meritocratizar la Administración y al mismo tiempo desburocratizarla», aseguraba esta semana el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en su conferencia en el Hotel Ritz de Madrid ante prácticamente todos los altos cargos de su gobierno y los más destacados empresarios y profesionales valencianos residentes tanto en la Comunitat como en Madrid.
En ese mismo foro, el presidente señalaba los principales retos de futuro de su ejecutivo y de la sociedad en general: la creación de empleo y la reducción de la desigualdad; el mantenimiento de un servicio universal de salud; la sostenibilidad integral del medio ambiente; y la ciberseguridad.
Pocas horas después de su conferencia, el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publicaba la tabla salarial de los principales cargos de la Generalitat y de sus organismos autónomos. El presidente Puig tiene una retribución anual bruta de 68.292 euros, mientras la vicepresidenta Mónica Oltra y los consellers cobran 58.175, exactamente 13 euros más que el siguiente escalón, los secretarios autonómicos. Los subsecretarios perciben unos 500 euros anuales menos, y los directores generales, 55.945. Si la categoría es de asesores, los hay de 49.056, de 44.069, de 39.916 y de 29.407 euros brutos en catorce pagas.
Sin duda alguna, se puede vivir sin problemas con salarios como los indicados. Y también es cierto que hay muchísimos ciudadanos que viven con menos ingresos. Uno de cada tres trabajadores (unos 5,7 millones) percibe en España el salario mínimo interprofesional, que en 2016 es de 655,20 euros al mes, aunque el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cree que son «poquísimas» las personas con esos ingresos. Por desgracia hay también muchos que tienen que pasar con menos y hasta con nada, viviendo en la calle y de la caridad.
La situación provocada por la crisis económica y financiera que elevó el desempleo en España hasta los cinco millones de parados y la reacción social contra el empobrecimiento de amplios sectores de la población han llevado en los últimos años a una rebaja sustancial de los sueldos de los políticos en España. En un determinado momento, y con ayuda de algunas formaciones politicas y sociales que cultivaban el populismo tratando de abrirse un hueco en las urnas, se presentó a los políticos como un hatajo de chupópteros y aprovechados que esquilmaban las arcas públicas en su beneficio personal. Aunque algunos de ellos sí lo hacían, como se aprecia en estos días en cintas de audio y sumarios, el daño que se dejó sobre la imagen de quienes se dedican a la cosa pública tardará en ser restañado.
En ese ambiente, se instaló en la Generalitat Valenciana, en tiempos aún de gobiernos del PP, la insentatez de que ningún empleado o asalariado de la Administración autonómica y por extensión de todo el sector público valenciano, cobrara un sueldo anual superior al del presidente. El salario de este, en ese marco, bajó del rango de los ochentamiles a los 68.292 euros de hoy, y así, en cascada, todos hacia abajo. Sólo quedaron por encima los altos funcionarios, secretarios, interventores y tesoreros, quienes a pesar de sus elevadísimas retribuciones no supieron ver la ola de irregularidades y corrupciones que se había instalado en la Administración valenciana, y también los no alineados, generalmente de partidos distintos al del presidente socialista, quienes se negaron a aplicarse el recorte o lo hicieron pero no en la medida que se esperaba. Ejemplos de estos pueden ser César Sánchez, presidente popular de la Diputación de Alicante, con unos 90.000 euros de retribución anual, y Joan Ribó, alcalde de Valencia y de Compromís, quien sí se ha aplicado un recorte desde los 104.000 euros de su antecesora Rita Barberá pero hasta los 80.000 euros, aún muy por encima del nivel presidencial.
De cara a la atracción de talento y a la meritocratización de la Administración, el presidente Puig tiene dos problemas: por un lado, tanto él como sus socios de Compromís han llevado al gobierno a los cuadros directivos de sus respetivas formaciones, con honrosas excepciones, y tendrán que prescindir de muchos si quieren abrir de verdad hueco al talento. En segundo lugar, la devaluación de los sueldos públicos constituye un auténtico freno para la incorporación a la gestión pública de personas que hayan demostrado su valía en sus respectivas áreas de conocimiento y puedan ser consideradas idóneas para la modernización de la Administración y sus servicios.
Iñaki Berenguer, con quien el presidente Puig se entrevistó en su reciente viaje a Estados Unidos, es un ingeniero de Telecomunicaciones de Muro de Alcoi que se ha convertido en un astro de la economía digital mundial. Estudió en la Politécnica de Valencia y hoy prácticamente podría comprarla. Desde luego no volverá para liderar procesos de innovación por menos de 68.000 euros mensuales. Y lo mismo se puede decir de abogados, químicos, ingenieros o banqueros. Manuel Pizarro sólo aguantó una legislatura antes de regresar al mundo de la gran empresa, de donde venía.
Unos 100.000 nacidos en España se han ido del país desde 2009 a buscarse la vida en Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Alemania, pero la Administración no podrá rescatar a ni uno solo de esos valencianos de la diáspora para recomponer los institutos tecnológicos, atraer inversión extranjera o liderar la dinámica innovadora si los partidos no se ponen de acuerdo y rompen con un mazo el techo de adobe que se pusieron. No se trata ya de que se suban o no el sueldo, que ha de ser digno y ajustado a la responsabilidad que se ejerce, sino de que se supriman prejuicios y se ofrezcan puestos de liderazgo y gestión retribuídos con base en los precios de mercado. Si no es así, el talento se quedará en su casa.
