lo largo de la semana pasada, el modelo de gobierno del Botànic estuvo en la boca de todos y tomó forma de proyecto no cristalizado, por decisión del PSOE estatal, de candidatura conjunta al Senado. Menos impacto tuvo la noticia de que la Generalitat Valenciana (GV), tras meses de afirmar que no iba a recortar el presupuesto de 2016, anunció que lo estaba haciendo (olvidando aquella boutade de afirmar que iba a ahorrar dejando de pagar la luz, el teléfono, etcétera) en los 170 millones exigidos por el Ministerio de Hacienda como condición para desembolsar el FLA del primer trimestre del año. Una consecuencia del Plan de Estabilidad que el Reino de España se ha visto obligado a presentar en Bruselas y donde se habla de una posible intervención junto a Cataluña, cosa por ahora imposible sin parlamento.
La humillación que supone tener que llevar a cabo aquello que enfáticamente se había calificado de línea roja, ayuda a encuadrar lo que en Valencia estamos viviendo en esta precampaña, ante la insensibilidad del resto de españoles. Una tensión que nada rebaja la perplejidad diaria del brutal gradiente de corrupción que la época ZOC (Zaplana-Olivas-Camps) dejó como herencia.
Aunque no se comparta el procedimiento elegido para revindicar el Botànic (poner al mismo nivel de razonamiento la necesidad de un cambio constitucional y el Corredor Mediterráneo) hay que entender los motivos que han llevado a Ximo Puig a proponer una idea que el PSOE nacional no acepta. Se necesita una gran disciplina intelectual para controlar el riesgo de esquizofrenia que supone presidir una organización de gobierno financieramente insostenible como es la GV y constatar que el partido político al que se pertenece ha decidido ignorar el problema. Hasta ahora, el president había superado esta dura situación, pero a medida que los impagos se imponen (no se devolverá a los funcionarios el 50 % de la paga extra de 2012) y los socios de Consell muestran ineficiencias y reacciones adolescentes (muy lamentable el episodio de la apertura comcercial de los festivos) la presión puede haber superado la autodisciplina. A añadir la confirmación de que los firmantes del Pacto del Botànic no supieron, o no quisieron, valorar la toxicidad del citado gradiente de corrupción de ZOC.
El programa del PSOE para el 20D, como los del resto de partidos, registró silencios clamorosos en materia de articular la financiación de comunidades autónomas (CC AA) limitándose a medidas generalistas que en el fondo suponían, y me temo que van a suponer de nuevo, el no reconocimiento de que la actual estructura del estado de las autonomías es financieramente insostenible. Ponerse de perfil sobre esta cuestión fue una muestra de incapacidad que dejó al PSPV al pie de los caballos pues supone alterar, vía el olvido de la financiación autonómica, el Estado del bienestar. Un vacío en el que vergonzosamente todos los partidos coincidieron, pero que en el caso de un socialdemócrata es letal de necesidad.
Los cortes radiofónicos recogidos por las emisoras han tenido tendencia a la épica del órdago: «Nunca dejaré de dar un paso por miedo, eso es cobardía». Pero más reveladora es aquella en la que Puig entra directamente en el modelo territorial de España: «Hay muchas reticencias en las élites centralistas». Hemos vivido un intento excesivamente tardío del PSPV de que en Madrid se visualizara la existencia de una deuda y un déficit desbocados. Ha sido una copia de la idea de la Entesa del paleosoberanismo del tripartito catalán, que entonces fue bueno para los socialistas y que pasó a ser la tercera fuerza en la Cámara Alta. Sin embargo, los partidos regionales no tienen necesidad de rendir cuentas políticas más allá de sus territorios respectivos y siempre actúan pensando que gobernar el Estado, del cual forman parte, es cosa de otros a quienes inevitablemente acabarán de acusar de centralistas. En estas coordenadas se hace muy difícil cambiar las cosas.
Es creíble que el acuerdo no partiera de Podemos, sino que fuera idea de Puig, seguramente la mejor cabeza del Consell, que llevaría meses cavilando, y que incluso fuera anterior a las elecciones del 20D. Era una reacción lógica frente a la constatación que el PP, con el 30 % del voto, se lleva nueve senadores valencianos, pero olvidaba que, en versión del PSOE, lo mismo se producía en otros sitios como Andalucía.
Añadiendo confusión estos extraños seres políticos que son los sindicatos principales no dudaron en expresar también su respaldo a la formación de grupo valenciano en el Senado hablando de la necesidad de una voz potente que represente y defienda los intereses valencianos ante la «emergencia económica y social». Lástima que no sepan explicar hacia dónde dirigir tan potente voz (¿España, Europa, euro, capitalismo...?). Aquellos que piensen que habitan un Estado que los castiga por su mera condición de valencianos, quizás deban preparar el camino hacia un cierto soberanismo; es legítimo, siempre que sea un proceso democrático. Utilizar unas elecciones generales para revindicar no se sabe muy bien qué, ni a quién, es un ejercicio de difícil comprensión y justificación.
Los partidos socialdemócratas, con las excepciones del Portugal postintervenido y de la atípica Italia, no saben cómo reaccionar en el modelo económico actual de Europa. Para agravar la dificultad de la encrucijada, la socialdemocracia española tiene problemas intrínsecamente endiablados que han saltado en tiempos de crisis: se decidió encomendar a las CC AA buena parte del Estado del bienestar, sin haber valorado adecuadamente ni la financiación que pudieran necesitar, ni el grado de corrupción que por ellas se podía vehicular. Todo muy difícil para el trabajo de Puig. Dicho lo cual, no cabe otra que hacer un nuevo planteamiento de lo que puede ser el futuro de la GV.
Una de las razones por las que no ha habido gobierno tras las elecciones de diciembre es que ningún grupo estuvo dispuesto a participar en un gobierno destinado a llevar a la práctica las medidas que Bruselas exige. Podemos vivir una versión española con Podemos-IU en el inesperado papel de la hasta hace poco tiempo radical Syriza, que ha mostrado ser tan flexible a la hora de cumplir las indicaciones de la odiada troika, como supuestamente ultraizquierdista. Se sentía perplejidad oyendo hace siete días al primer ministro Tsipras diciendo a sus compatriotas en medio de masivas huelgas: «Hoy es un día muy importante. Tras seis años [de crisis], el Eurogrupo se reunirá para abordar el aligeramiento de la deuda». ¿Sera este nuestro futuro?
