Estos días aparecen con profusión las manifestaciones de los centros educativos católicos „empresas privadas de servicios educativos con ideario, financiadas con fondos públicos„ acusando a los actuales poderes públicos de visión estatalista y planificadora, como en los regímenes dictatoriales, que no tiene en cuenta que «la decisión sobre la escolarización de los niños es un derecho constitucional que compete a los padres y no a la Administración». Una buena parte de estos centros vivieron en paz y armonía durante el franquismo, en el que los únicos centros autorizados eran los centros católicos, como correspondía a un país con religión de estado. No se tienen noticias de que en esa época crearan o se adhirieran a mesas por la educación en libertad
El artículo 27.3 de la Constitución garantiza el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. El 27.5 garantiza el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza. Y el 27.6, la libertad de creación de centros docentes sin que se obligue al Estado a financiarlos.
El derecho a que los hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con las convicciones de sus padres, no exige de modo necesario centros de ideario. Fue una decisión que tuvo mucho que ver con la aprobación del Concordato con la Santa Sede en 1979, con nocturnidad, en los albores de la democracia, con la intención de que, aunque formalmente el nuevo Estado fuera no confesional, en la práctica siguiera siéndolo cuanto más mejor. El mandato constitucional se habría respetado de modo más acorde con ese nuevo modelo social pluralista, democrático y no confesional, ofreciendo centros públicos para la formación cívica y la instrucción científico-técnica, trasvasando el adoctrinamiento religioso y moral a las sedes de las confesiones religiosas. No parece que la moralidad y la religiosidad se puedan inculcar con una hora semanal de una asignatura académica, ni con notas que vuelven a contar para la Selectividad con el consiguiente aumento de la clientela.
Parece evidente que en una sociedad pluralista, donde conviven en pareja, en familia, en el trabajo, en las comunidades de vecinos... personas de diferentes convicciones religiosas, y si es que es verdad que la escuela debe educar para la vida, el modelo más adecuado de centros es aquel en el que caben todos, y que al mismo tiempo tiempo facilita la educación moral y religiosa que cada uno prefiere. Es el que han elegido centenares de miles de católicos, protestantes, judíos, agnósticos, ateos... La libertad, cuando no es para todos, se convierte en privilegio, como ocurrió en los centros católicos durante el franquismo.
El derecho de cada padre a elegir centro tiene que ser compatible con el derecho a elegir de los otros padres y con las disponibilidades económicas de los poderes públicos. Y para eso sirve la programación general de la Administración educativa, programación que es un derecho constitucional.
Estos veinte años del PP en el poder han llenado de dádivas a los centros de la Mesa por la Educación en Libertad: financiación de niveles no obligatorios, creación de nuevas unidades concertadas, concesión de liberados empresariales, máxima generosidad en el cálculo de las horas concertadas, solares públicos como el de Patraix trasvasados para la construcción de centros privados (CIS )... Y mientras, la escuela pública obligatoria seguía en barracones, y centenares de centros públicos se deterioraban por falta de mantenimiento (como prueba, el Plan Urgente de Infraestructuras públicas para 2016-2019). La libertad de enseñanza para todos exige ahora atención preferente para la escuela pública abandonada, la escuela donde caben todos.
