"Que ellos te expliquen cómo funcionamos aquí". Una jefa de sección del Hospital Clínico de Valencia insta con estas palabras a una médica con derecho a plaza por bolsa de trabajo a que renuncie porque «esas plazas se han movido para gente que tenemos aquí»; le pide que llame a otros dos empleados públicos que ambas conocen para que la convenzan.
Tres grabaciones realizadas por sanitarios con derecho a plaza pero presionados para que dejen correr la lista han revelado esta semana con una contundencia inusual que la «manera valenciana» de hacer las cosas no era patrimonio exclusivo de Rafael Blasco y su trama de Cooperación, o de Marcos Benavent y su trama de Imelsa bajo el paraguas de Alfonso Rus.
Junto a una asquerosa abundancia de casos de corrupción política aparece estos días un escándalo de corrupción laboral del que sólo ha asomado la punta y que parece estar alojado en numerosos departamentos de la sanidad pública valenciana, modélica en muchos aspectos.
Resulta que las bolsas de trabajo constituidas para cubrir plazas vacantes no sirven para nada, no garantizan nada, porque los jefes de las distintas áreas tienen en sus manos la facultad de decidir quiénes son los más adecuados y, como se aprecia en las grabaciones, algunos están dispuestos a utilizar recursos propios de la mafia con tal de evitar la llegada de algún intruso. De este modo, ya no se accede a un puesto de funcionario por publicidad, mérito y capacidad, sino por procedimientos clientelares y caciquiles que convierten a los beneficiados en estómagos agradecidos de por vida y alejan del servicio público a quienes no se dan por enterados de «cómo se funciona aquí».
Carmen Montón, la consellera socialista de Sanidad que tras un año de Pacto del Botánico puede presentar la tarjeta más completa de compromisos cumplidos, ha actuado con rapidez, abriendo expedientes informativos que instruye la Alta Inspección y que pueden acabar con la separación definitiva del servicio de los implicados en esta trama mafiosa de cubrimiento de vacantes. En un país con cuatro millones de desempleados, más de 500.000 en la Comunitat Valenciana, interferir en los mecanismos de cubrimiento de vacantes de manera tan manifiestamente ilegal justifica sobradamente el despido de un funcionario, o de veinte. La función pública está para servir a la sociedad y no para aplastar derechos ni para engrosar la lista de amigos y el número de regalos navideños.
En 2014, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos-Comunitat Valenciana hizo público un informe sobre la precariedad de la contratación en las sanidad autonómica, específicamente en las áreas de La Fe, el Hospital Clínico y el Hospital Doctor Peset. Fueron revisados 2.080 contratos, de los que 1.508 eran por sustituciones: Sólo 26 de ellos fueron cubiertos desde la bolsa de trabajo. El grueso de las contrataciones fue para sanitarios a quienes se incorporaba de uno a tres días y se les renovaba a diario, en una actuación manifiestamente irregular contra la que intervino la Inspección de Trabajo. Esas altas eran decididas por los directores de los centros o los departamentos, y su reiteración convertía a sus beneficiarios en el personal idóneo para cubrir las plazas más apetecibles, por delante de los titulares del derecho por vía de la bolsa de trabajo.
El sindicato Comisiones Obreras, el único que votó en contra del sistema de gestión de sustituciones y lo recurrió sin éxito, es el que ahora ha levantado la mano y proclamado que durante más de una década se ha mirado hacia otro lado, ya que en 2004 se produjeron las primeras advertencias.
Las presiones no sólo se ejercen sobre los aspirantes, sino sobre los pacientes o usuarios. Ahora que se ha levantado la tapa, todo el mundo cuenta casos que van a convertirse en sanciones o condenas: En la Fe se produce una jubilación, la plaza se va a cubrir por bolsa, pero «el servicio» prefiere a un interino que ya está en él. Presiones, intercambio de pareceres y finalmente el hospital decide no contratar a nadie. Es entonces cuando «el servicio» insta a sus pacientes a acudir a los medios de comunicación a denunciar retrasos en la atención. El chantaje disfrazado de deficiencia en la atención al público.
Hace bien la médica y consellera Montón en promover la investigación del caso e invitar a las víctimas a denunciar. La transparencia no es un eslogan, sino una herramienta fundamental a favor de la igualdad contra la corrupción.
