Cuando casi habían convencido a la gente de que tenían todos los informes a favor, hemos sabido, gracias al equipo municipal de Compromís de Paterna, que Puerto Mediterráneo no hubiera podido ser una Actuación Territorial Estratégica sin la ayuda del anterior Consell, que desoyó los informes previos desfavorables y continuó la tramitación del proyecto acogiéndose a esa legislación como ATE (Ver Urbanisme d´excepció, Levante-EMV del 17 de abril pasado).
Ahora, en la Conselleria de Medio Ambiente están estudiando las alegaciones para realizar los informes finales. ¿Los informes finales, a partir de qué momento? ¿Sin tener en cuenta que este macrocentro, con informes previos negativos sobre accesos, afectación a los acuíferos y otros más, nunca hubiera seguido la tramitación sin la colaboración de unos gestores políticos enfangados de corrupción? ¿Cómo se explica, si no, que un proyecto de 3.000 folios entrara y saliera el mismo día de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente con la firma de la señora Bonig cuando le quedaban cuatro días para abandonar el departamento?
Una de las primeras decisiones del actual Consell fue la paralización de la ATE para implantar Ikea y un complejo de tiendas en los terrenos de Rabassa en Alicante, por sospechas de pelotazo urbanístico. No voy a comparar los dos casos, pero es responsabilidad del Gobierno de la Generalitat investigar las irregularidades de este expediente desde el principio. Por otra parte, la orientación política del actual Consell es totalmente opuesta a este tipo de actuaciones que devastan el territorio y destruyen empleo. Una posición, por cierto, que también mantiene el Parlamento autonómico en una reciente proposición no de ley.
Además, hay otros datos que falsean los aspirantes a promotores, que son precisamente con los que más pecho sacan: los del empleo. Hablan de crear más de 4.000 puestos de trabajo, una cantinela que conocemos de sobra: en tiempo de crisis más aún, se exageran los beneficios y se ocultan o maquillan cuidadosamente los costes. Véanse, por ejemplo, los burdos montajes de macroconciertos en zonas costeras frágiles, a pie de playa (Alboraia, Borriana?), sin reparar en daños ni molestias a los vecinos, eventos avalados en algunos casos por los ayuntamientos locales.
No tenemos más que mirar hacia Zaragoza y observar qué ha pasado con Puerto Venecia, de los mismos promotores que Puerto Mediterráneo. Al poco tiempo de abrir sus puertas empezaron a languidecer otros espacios comerciales más pequeños. Lo más grande, y lo más nuevo tiene su atractivo. No se crean más puestos de trabajo netos, al contrario: en Zaragoza se han quedado vacías 155 tiendas en centros como Aragonia, Plaza Imperial, Grancasa y Augusta. La reducción del negocio, empezando con los comercios tradicionales, es evidente. Un 10 % de los comercios de Zaragoza cerró después de la apertura de Puerto Venecia. El balance global de creación de empleo es claramente negativo.
Entonces, ¿a quién beneficia este proyecto mastodóntico que podría tener efectos económicos similares en su entorno, aparte de destruir un espacio de ocio natural y gratuito que viene disfrutando buena parte de la población de Paterna y de la comarca? Únicamente a los promotores, la empresa Intu-Eurofund. Su modus operandi es construir, poner en funcionamiento, vender, repartir dividendos e ir a otra parte a hacer lo mismo. O sea, especular. Es una apisonadora que busca gobiernos influenciables y legislaciones moldeables a su antojo. Como había aquí hace apenas un año.
Si con el actual ejecutivo autonómico las cosas han cambiado, se ha de notar. Los primeros pasos de la nueva Conselleria de Territorio son innovadores y dejan entrever que no se van a consentir los desmanes del pasado. Entiendo que no se pueda dar carpetazo a Puerto Mediterráneo sin más. Pero el gobierno autonómico tendrá que valorar, en primer lugar, los puntos oscuros de toda la tramitación, para saber si las sospechas que se desprenden del expediente tienen consistencia suficiente para cuestionarlo. Y, por supuesto, tendrá que sopesar si realmente la instalación de Puerto Mediterráneo beneficiará a la economía productiva, al empleo y al medio ambiente. Si la respuesta es negativa, el Gobierno del Botánico ha de rechazarlo sin paliativos. Los ciudadanos que han apostado por el cambio lo están esperando.
