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Tribunales de arbitraje privados

Leemos que uno de esos tribunales de arbitraje privados que tanto preocupan a los críticos de los tratados de libre comercio y protección de inversiones ha dado finalmente la razón a un Estado frente a una multinacional.

El consorcio tabaquero Philip Morris había demandado hace ya seis años a Uruguay por un monto de 25 millones de dólares después de que su gobierno aprobase una dura ley contra el tabaquismo perfectamente alineada con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

La multinacional, cuya matriz está en Lausana, muy cerca por cierto de la sede de la OMS, acusaba al Gobierno de Tabaré Vázquez de violación del tratado bilateral de inversión entre Suiza y Uruguay y de lesionar sus intereses al expropiar su "propiedad intelectual" sin compensaciones.

Entre las medidas adoptadas por el Gobierno uruguayo estaba la prohibición de vender distintos tipos de presentaciones de una misma marca de cigarrillos y la exigencia de publicar en las cajetillas imágenes a un determinado tamaño advirtiendo del riesgo de cáncer de los fumadores.

También había prohibido el Gobierno de Montevideo la publicidad de cigarrillos en los medios de comunicación y el patrocinio por las marcas de tabaco en cualquier tipo de eventos.

Uruguay, un país en el que el consumo de cigarrillos constituía la mayor causa de mortalidad entre la población adulta, se convirtió además en el primero de toda Latinoamérica en prohibir el consumo de tabaco en espacios públicos cerrados.

La demanda de la multinacional constituía un clarísimo caso en el que pretendía anteponerse el afán de lucro de una poderosa empresa al derecho a la salud de los ciudadanos.

Tanto la Organización Panamericana de la Salud como la OMS premiaron en su día al presidente uruguayo por su contribución a reducir el consumo del tabaco

Para alivio del Gobierno de Montevideo, el tribunal de arbitraje privado, que actuó bajo el paraguas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, se pronunció finalmente a favor de Uruguay.

No sólo rechazó la reclamación de una multimillonaria indemnización por parte de la multinacional, sino que condenó a ésta a pagar las costas procesales del país, que ascendían a siete millones de dólares.

Algunos comentaristas han aprovechado la resolución de ese caso para criticar a quienes se oponen a los tratados de libre comercio e inversiones que negocia la Unión Europea con Estados Unidos (TTIP) y el pendiente de ratificación parlamentaria con Canadá (CETA) por incluir la posibilidad de recurso a ese tipo de tribunales.

Un caso aún pendiente entre una multinacional y un Estado es el que enfrenta a la empresa sueca del sector de la energía Vattenfall al Gobierno de Angela Merkel por la decisión alemana de cerrar progresivamente todas las centrales nucleares del país a raíz de la catástrofe de Fukushima sin contar con el sector afectado.

El problema que se plantea en ese tipo de disputas es no es si hay que confiar o no en la imparcialidad de los tribunales de arbitraje privados sino si una empresa tiene derecho a demandar a un Estado por una decisión adoptada por su Gobierno y aprobada por el Parlamento en beneficio de sus ciudadanos.

Y sobre todo, si no puede resolverse perfectamente el caso ante los tribunales del país sin recurso a instancias privadas cuando se trata de Estados plenamente democráticos.

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