He de confesar que cada vez que oigo hablar de regularización de algo, no se por qué, me asaltan todas sospechas. Creo que la fiscal me dejó marcado.
La intención del Consell del «bipartito+1» de poner en marcha un proceso extraordinario para regularizar la situación de los interinos de la Generalitat „un tercio de la plantilla, más de 5.500„, con la declarada intención de tratar de corregir una situación de injusticia y precariedad que se arrastra durante años, es un arma peligrosa, si es que consiguen superar todos los obstáculos „garantías„ legales; «Tenemos que evitar que se lo carguen», reconocía la consellera Gabriela Bravo. Precedentes no faltan en otras comunidades autónomas.
Algo inquietante como punto de partida, porque indica que se ha de legislar sobre el filo de la navaja en un terreno muy delicado: igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos para acceder a los puestos de la Administración pública.
Es más, el mismo informe de los «sabios» que sugiere este proceso «excepcional» para reducir la temporalidad en el sector público, también sentencia que la «promoción de sus empleados» ha estado más ligada a las «relaciones personales que a criterios objetivos». Una aseveración que no es baladí, ya que una entrada por la «puerta de atrás», por mucho que se intente cocinar para ajustarla a la legislación, supondría una perpetuación de situaciones de partida injustas.
Es cierto que habrá muchas personas con un contrato laboral que probablemente hayan reunido méritos suficientes para optar a un puesto de funcionario por los años de dedicación para la Administración pública. A estas personas, lógicamente, se les deberá valorar su experiencia, pero de forma proporcionada, que no sea determinante para el acceso al puesto de trabajo.
Curiosamente, la corporación provincial de Valencia ha sacado pecho por el procedimiento empleado en su día para alcanzar los mismos objetivos: unas oposiciones abiertas. Lo que, lógicamente, les granjeó las críticas de los sindicatos, que en el caso de la propuesta de la conselleria de Justicia se han alineado de forma unánime con el departamento de Bravo.
Por cierto, como recuerda Julia Ruíz, esta «vía especial» de regularización llega una década después de la emprendida por el Gobierno del PP, en la que solo 2.000 personas de los más de 4.500 interinos consiguieron acceder a la plaza de funcionario, a pesar de las ventajas que dispusieron en las pruebas.
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