La conselleria de Medio Ambiente y Territorio se han pronunciado finalmente en contra de la construcción del parque de ocio Puerto Mediterráneo, en el término municipal de Paterna. Una decisión que puede suponer la pérdida de una inversión cifrada en 800 millones de euros y de un impacto laboral de 4.000 empleos, según las cifras facilitadas por los promotores del proyecto „Eurofund e Intu„, que son los mismos que explotan en Zaragoza Puerto Venecia.
El departamento del Consell ha esgrimido un informe ambiental desfavorable basado en las emisiones de CO2 que se generarían, la protección del territorio, la falta de agua en la zona y los problemas de los accesos.
Muy claros han de tener los argumentos jurídicos en la conselleria para poner freno a una inversión de este calado en una comunidad autónoma con un nivel de paro superior al 20 %. Ya lo advierte el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, que espera que no haya que lamentar la decisión más tarde.
Y aunque dicha decisión, desde un punto de vista técnico y jurídico, sea impecable, siempre cabe la posibilidad de forzar al promotor a reformular su proyecto para hacerlo más sostenible o adecuado al territorio.
La situación económica no está en estos momentos para dejar pasar de largo inversiones privadas, sobre todo si proceden de empresas consolidadas. Solo hay que echar un vistazo a la capacidad de atracción de capital extranjero de las tres provincias: 53 millones de euros en lo que va de año. Una cifra ridícula si la enfrentamos a la de comunidades como la madrileña „3.400 millones„ o la catalana, „1.058 millones„. Y si nos ceñimos a ejercicios anteriores la situación tampoco cambia mucho, salvo en los años en los que Ford invierte en su planta de Almussafes.
Y no hay que perder de vista otro factor muy peligroso y que puede resultar determinante para otras empresas que puedan plantearse en el futuro entrar en la Comunitat Valenciana: el de la inseguridad jurídica. Una etiqueta que, una vez puesta, resulta muy difícil quitársela.
