Los educadores no somos mano de obra barata

Hasta aquí nada nuevo, más allá de lo triste que resulta que tengan que ser los tribunales los que den la razón a los trabajadores y trabajadoras de la Administración valenciana en lugar de pactarse condiciones dignas de trabajo en las mesas de negociación. Sin embargo, para dimensionar realmente la importancia de este fallo judicial es necesario conocer las tareas que desarrolla el colectivo de educadores y educadoras y su actual situación laboral.

Para la propia Administración educativa, y así lo refleja la Ley 10/2010, estos profesionales ocupan puestos de especialistas en Educación Infantil o Especial atendiendo a los alumnos y alumnas en la aplicación de programas para la autonomía personal, aplicando junto a otros profesionales docentes la programación escolar y, en general, participando de los programas educativos en aquellos centros docentes públicos (escuelas infantiles, colegios de Infantil y Primaria e institutos) donde desarrollan su tarea. Son, en definitiva, profesionales que junto a otros como maestros y maestras, profesorado de Secundaria, fisioterapeutas o especialistas en audición y lenguaje, forman parte de equipos multidisciplinares de atención al alumnado cuya tarea educativa está fuera de toda duda en el día a día de los centros educativos. Y cada vez son más: desde el curso pasado, educadores y educadoras de Infantil se han incorporado a las 69 nuevas aulas que escolarizan alumnado de 2 años en colegios públicos.

Lamentablemente la Administración valenciana no lo tiene tan claro y, por eso, año tras año en las instrucciones ahora declaradas nulas y no ajustadas a derecho, ha pretendido equipararlos a los monitores y monitoras de comedor (que tienen otras tareas diferentes, igual de dignas y reguladas por su propio convenio colectivo) con el único fin de ahorrarse el coste de este personal. Del mismo modo, año tras año, es necesario negociar cuestiones aparentemente tan elementales como su horario de trabajo, puesto que al depender este colectivo orgánicamente de la Conselleria de Administraciones Públicas pero funcionalmente de la Conselleria de Educación se producen múltiples desajustes que en otros colectivos, por ejemplo el del profesorado, no existen.

Por eso, desde la FECCOOPV vamos a seguir reivindicando que la Administración reconozca que educadores y educadoras desarrollan tareas educativas y tienen derecho a cosas tan elementales como tiempo para coordinarse con el resto de profesionales, poder asistir a las reuniones del claustro y el Consejo Escolar, participar en programas de formación adaptados a su actividad educativa o tener el mismo horario de trabajo que el profesorado de los centros en los que trabajan y sus mismas posibilidades de promoción profesional. No cabe duda de que esta sentencia es un importante paso adelante y por ello emplazamos a la Conselleria de Educación a que nos acompañe de verdad en este camino por una educación de calidad.

Lo tiene muy fácil: le pedimos sencillamente que se allane y no recurra la resolución judicial. Que, como argumenta el magistrado considere que las funciones de monitor de comedor no forman parte de las propias de los educadores y educadoras. Que no nos obligue, como con el gobierno anterior, a seguir litigando hasta el infinito contra quien debe representarnos dignamente. Y que, de una vez por todas, abra una negociación que consiga dignificar las condiciones de trabajo de estos profesionales. Sobre todo si, como públicamente vienen manifestando sus responsables, lo primero son las personas.