Si la implantación del modelo Alzira fue una incógnita hace 16 años cuando el entonces president de la Generalitat, Eduardo Zaplana, lo puso en marcha, hoy también existen muchas dudas sobre su reversión. La principal: ¿cuánto dinero nos costará a los valencianos?

Para eliminar este sistema de gestión privada de los hospitales públicos de La Ribera y La Marina es obligatorio poseer más datos, constatar cómo funcionan y reflexionar sobre su conveniencia. Si, por ejemplo, el de Alzira es uno de los hospitales mejor valorados por los usuarios, si la gestión es favorable para las arcas públicas, si consigue reducir más las listas de espera... por qué desandar todo el camino y, sobre todo, por qué deshacerlo sin antes conocer los pros y los contras.

Ciudadanos (C´s) pide una auditoría externa que evalúe la gestión de los centros sanitarios afectados. De hecho, solicitamos en Les Corts que se auditaran todos los hospitales de la Comunitat Valenciana para tener datos certeros de su funcionamiento. Una iniciativa que, por cierto, vetaron el PSPV, Compromís y Podemos. Es cierto que Ximo Puig, cuando anunció en el debate del estado de la Comunitat que la Generalitat no renovará las concesiones a las empresas que gestionan estos hospitales, aseguró que ya tienen auditorías. Pero no las conocemos. Dónde están. Por qué no las publican. Es un sinsentido. Y, más, viniendo de un Ejecutivo que presume de transparencia.

Pensamos que tomar decisiones precipitadas, atendiendo solamente a principios ideológicos, sin tener en cuenta el coste que puede generar, es un error. Decía Sófocles, poeta trágico griego, que «las decisiones rápidas, son decisiones inseguras». En este caso, el Consell se está precipitando sin tener claro cuánto le va a costar la reversión del modelo. Resulta, cuanto menos, incoherente estar esgrimiendo continuamente el argumento de la infrafinanciación y, después, tomar una decisión de este calado sin calcular su coste. Por tanto, como sentenció Sófocles, es una decisión rápida e insegura. Tomada con prisas desde el desconocimiento, pues no se ha auditado de manera externa la gestión. Además, con muchas opciones de ser incierta en el futuro en cuanto el gasto se dispare.

La idea de no renovar la concesión emana también de ese vicio contraproducente que tiene el bipartidismo: acabar con lo que ha hecho el otro. No se para a pensar si el contrario habrá acertado en algo. No analiza si puede aprovechar la inversión que hizo el de enfrente con el dinero de todos. No. Da igual. Hago lo que creo que los que me han votado o me pueden votar esperan de mí. Y si eso repercute negativamente en la economía ya se verá.

Aparte de cómo piensa costear el Consell la reversión del modelo de colaboración público-privada, surgen otras incógnitas importantes. Por ejemplo, si se variará la cartera de servicios clínicos en estos hospitales. Si los habitantes de la Ribera o de La Marina tendrán los mismos servicios o no en sus hospitales de referencia es una pregunta, todavía, sin contestar porque las promesas no son suficientes.

Otro asunto preocupante es el de los trabajadores. No se puede jugar con ellos de la manera que lo está haciendo el Consell. Economía diciendo una cosa y Sanidad la contraria al mismo tiempo. La titular de Sanidad, Carmen Montón, asegura que los profesionales del centro seguirán en sus puestos de trabajo; pero el responsable de Economía, Rafael Climent, no puede explicar en qué condiciones. ¿Este es el trato que merecen profesionales que llevan años trabajando por la salud de nuestros ciudadanos? Sin duda, no. Los trabajadores del Hospital de la Ribera necesitan respuestas claras ya.

En definitiva, estamos ante una decisión insegura: coste económico, cartera de servicios y situación de trabajadores. Paradójicamente son las mismas incógnitas que hace 16 años. En aquel momento no sabíamos si ese nuevo modelo de gestión iba a garantizar los mismos servicios a los usuarios, si sería económicamente eficiente... Casi dos décadas después, los informes realizados apuntan que el resultado ha sido positivo. A pesar de ello, el Consell apuesta por revertir el modelo y genera, de nuevo, la misma incertidumbre. ¡Menudo progreso!

En Ciudadanos queremos una sanidad pública y de calidad. Defendemos la sanidad como uno de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar. Indudablemente, es una de nuestras prioridades. Y esto, eje primordial de nuestra política, no es incompatible con una gestión privada. Eso sí, siempre que se demuestre con datos contrastables que no se merma la calidad del servicio que los valencianos merecen.