Nos enfrentamos a dos fracasos. Uno interno por la incapacidad de definir el proyecto común valenciano. El otro nos lleva a la impotencia para defender nuestros derechos ante la Administración central del Estado. Los valencianos afrontan dos fracasos y un olvido. La decepción de que después de año y medio de legislatura autonómica, carecemos de proyecto de país para encarar el porvenir con garantías. Frustración interna que se sitúa en el compromiso pendiente de la Generalitat y de la coalición que la sustenta „PSPV y Compromís„ con el apoyo legislativo de Podemos.
El relevo político de mayo de 2015 liderado por el president Ximo Puig se ha mimetizado con la situación anterior que emana del Partido Popular. Mónica Oltra y Antonio Montiel se mantienen al pairo. Hay cargas de profundidad dispuestas a ser activadas. Todo de golpe, si interesa, como ha ocurrido en el Consell Jurídic Consultiu de Vicent Garrido y Francisco Camps. O con explosiones retardadas si conviene. No deberían perder de vista los órganos reguladores, fundaciones, corporaciones, consejos, institutos o academias, que tienen preparado más de un fuego artificial.
Los agentes económicos y sociales desconocen la política innovadora „encomendada al exconseller Andrés García-Reche„ que ha de llevar a este país hacia la superación del atraso industrial secular. La perplejidad interna se retroalimenta con la ineficiencia para influir en el conjunto de España. Ni Conexus de Manuel Broseta ni el poder valenciano de Federico Félix encuentran el rumbo. Ni en política ni en la economía de un Estado, donde catalanes y vascos ya han emprendido el camino hacia su reivindicación particular. El lehendakari, Íñigo Urkullu, y el presidente catalán, Carles Puigdemont, han anunciado que no asistirán a la conferencia para reasignar la financiación autonómica. El vascongado porque no se siente parte de un sistema de financiación „con el concierto fiscal van de maravilla hacia el 10% de desempleo„ que no le afecta. El catalán porque no duda de que la resolución del contencioso España-Catalunya acabará en negociación bilateral. La multilateralidad autonómica ha muerto. La argucia de que todos los españoles somos iguales ya no vale. Ni lo somos ni lo fuimos. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría tiene encomendada por Mariano Rajoy la cartera catalana. Prioritaria para la convivencia.
El olvido afecta a todos. Los políticos arrasan y los empresarios padecen amnesia. Cuando las raíces de las entidades empresariales se asientan sobre decisiones improcedentes, de dudosa legalidad y políticamente parciales, sólo hay una forma de recomponer el sentido y la trayectoria de estas organizaciones. Primer mandamiento, partir de la verdad y de la realidad. Segundo, enmendar errores y reparar el daño causado. Tercero, establecer los mecanismos para que las irregularidades no se puedan repetir. Cuarto, se necesita un plan de actuación innovador, moderno e integrador. Quinto, avanzar en la implantación territorial con la implicación de sectores y comarcas.
La unidad de cámaras de comercio, patronales, ferias y otras ramificaciones empresariales es ineludible. Las entidades económico-empresariales han tenido, durante años, comportamientos censurables con resultado de bancarrota. Ahí hay que situar a las patronales de Castelló (CEC) y Alicante (Coepa). Cabe añadir las Cámaras de Comercio castellonense y alicantina. Feria Valencia, presidida por Rafael Catalá, para cuya gestión, a las órdenes del PP, se acaba de conocer la sentencia que invalida el ERE por el que se despidió a más de un centenar de empleados. La Cámara de Comercio de Valencia fue objeto, entre 1992 y 1995, de un ataque frontal por parte de la CEV „presidida por José María Jiménez de la Iglesia y dominada por su secretario general Luis Espinosa, alineado en el PP„ que terminó en 1995 con la toma del poder por Arturo Virosque. Las víctimas de aquel atropello fueron por los aires. Previamente se había defenestrado con felonía y malas artes a su presidente, Enrique Silla, en enero de 1995.
Hace veinte años, el 7 de marzo de 1996, el director general de Trabajo de la Generalitat, José Luis Colvée, autorizó a la Cámara de Valencia un despido colectivo, mucho más ilegal y marrullero que el que ahora ha sido revocado en Feria Valencia. Hubo presumiblemente prevaricación, en connivencia entre la Cámara y la Conselleria de Trabajo de la Generalitat, cuyo director general firmó el ERE que el director territorial de Valencia había dictaminado como contrario a derecho. Ni la Cámara ni los políticos del PP respetaron el Estado de derecho. El 21 de enero de 2000 tuvieron que sentir la vergüenza de que los tribunales sentenciaran reincorporación a favor de la demanda de dos trabajadores contra la decisión ilegal de la Cámara y de la Generalitat. Los mismos políticos que ahora claman por la presunción de inocencia vulneraron la ley con el único objetivo de apoderarse de las instituciones para supeditarlas a sus intereses personales y de partido. Nadie asumió responsabilidades.
